La desaladora de Fonsalía, que comenzó a funcionar a finales del año 2017, ha sido una instalación muy demandada por los agricultores del sur de la Isla. El sector tenía puesta en ella todas sus esperanzas y confiaba en que cuando comenzara a trabajar permitiera liberar agua de las galerías subterráneas de la zona para dedicarla a regadío. Sin embargo, según denuncia el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Javier Gutiérrez, esto no está ocurriendo, debido a que está costando que los ayuntamientos de la Isla compren el agua que se genera en Fonsalía para dedicarla a abastecer a la población.

"Está siendo más complicado de lo que creíamos, porque entran en juego muchos factores", explica el representante del sector, que aclara que los municipios "cuentan con unos presupuestos establecidos para la compra de agua de abasto", y es difícil que cambien de proveedor sin primero sopesar mucho el dinero que tendrán que invertir en esta partida, porque deben velar por el interés público general".

Sin embargo, para esta organización agraria los ayuntamientos tienen que comenzar a sensibilizarse con esta problemática, ya que, si no compran el agua desalada, aunque esta pueda ser más cara que la que ofrecen las galerías, la agricultura de la zona no puede subsistir. "Abogamos por que los municipios adquieran el agua desalada y no compren a las galerías para que esta se pueda liberar para las medianías", sostiene. El secretario general de Asaga mantiene que "lo que no se puede consentir es que sea el agricultor el que pague por la desalada", ya que es "inviable que el sector primario pueda sufragar esos costes".

Gutiérrez explica que, al tener que pasar por un proceso de desalinización, el agua que genera la instalación ubicada en Fonsalía suele ser más cara que la que se puede adquirir a otros vendedores de la Isla. No obstante, "los agricultores no pueden pagar hasta 90 céntimos por el metro cúbico de agua desalada, porque ya en torno a 60 céntimos es un coste muy alto para tener rentabilidad", sostiene.

La falta de agua se ha constituido como uno de los mayores problemas para el sector primario de la Isla, y que sobre todo en verano y en determinadas zonas puede causar estragos en los cultivos debido a la sequía. Por eso, los agricultores llevan años demandando infraestructuras como la de Fonsalía o Granadilla que pudieran dar un respiro a las galerías. Sin embargo, para Gutiérrez las obras que se han hecho deberían haber estado finalizadas hace 10 o 15 años, por lo que ahora son insuficientes para abastecer toda la demanda. "Hemos conocido casos de agricultores que quieren ampliar su superficie de cultivo, pero no pueden por no tener garantía de que van a tener agua para regar", apunta, y señala que la sequía ha obligado a "desplazar algunos tipos de cultivo hasta zonas más altas".

La necesidad de agua es tan acuciante que algunas comunidades de agricultores han tenido que sufragar de sus bolsillos la construcción de desaladoras privadas para abastecerse. "Algunos ejemplos los tenemos en Las Galletas o La Monja, pero estos compañeros han tenido que asumir un coste económico muy importante que todavía están amortizando", apunta.

Sin embargo, los agricultores no tienen que tener en cuenta solo el precio del agua con la que riegan sus cultivos, sino también su calidad. Si está demasiado salinizada -algo que se produce cuando, debido a la falta de lluvia, el acuífero no se regenera-, puede acabar dañando los suelos; y si tiene mucha conductividad eléctrica terminará por reducir el rendimiento de las explotaciones.

Otra alternativa para poder regar los cultivos en la Isla es el agua regenerada. Se trata de agua depurada a la que se le debe hacer un tratamiento terciario que la haga apta para ser utilizada en los terrenos agrícolas. En este sentido, Gutiérrez explica que ya se está llevando a cabo un proyecto en la comarca del noreste de la Isla que espera que pueda ser exportado a otras zonas de Tenerife.

Asaga está llevando a cabo una campaña para que las ayudas de riego estén incluidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Después de que este año estuvieran a punto de perderse los ocho millones de euros que estaban incluidos en los Presupuestos Generales del Estado destinados a compensar los sobrecostes de los agricultores canarios en este sentido, Asaga aboga por que estas compensaciones se introduzcan en el REF y, de esta manera, se garantice su recepción.

Para el secretario general de Asaga, Javier Gutiérrez, estas compensaciones son la única manera de "de abaratar la cuantía tan elevada en el coste del agua, ya que en Canarias es tres veces más alta que en la Península, porque aquí tenemos un mayor consumo energético para obtenerla". Los agricultores se pusieron en pie de guerra a principios de año ante el riesgo de que no se abonaran estas ayudas, debido principalmente a un problema administrativo, ya que mientras que el anterior Gobierno del PP las había consignado como una partida del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tras la moción de censura del PSOE la competencia la asumió el Ministerio de Transición Ecológica, que no podía abonarlas sin realizar una modificación presupuestaria. Finalmente, el Ejecutivo transfirió los fondos en mayo al Gobierno regional.

Ayudas de riego incluidas en el REF