18 de junio de 2019
18.06.2019
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Puerto de la Cruz

Lope Afonso afronta hoy el juicio que marcará su futuro político

El exalcalde portuense, coordinador general del PP en Canarias y edil y consejero insular electo, se enfrenta al llamado 'caso mercadillos'

18.06.2019 | 01:26
Lope Afonso (derecha) y Marco González Mesa (PSOE).

La sala 4 del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife acoge hoy, a partir de las 9:30 horas, el juicio que marcará el futuro político de Lope Afonso (PP), exalcalde del Puerto de la Cruz, edil y consejero insular electo y coordinador general del PP en Canarias. La justicia debe aclarar si Lope Afonso cometió o no algún tipo de delito al autorizar la celebración de varios mercados callejeros en la ciudad turística, el origen del llamado caso mercadillos.

Afonso se enfrenta a una petición de pena de nueve años y tres meses de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación por autorizar de forma supuestamente irregular la instalación de varios mercadillos en 2013 y 2014, cuando era edil de Comercio en el gobierno CC-PP que presidía el fallecido Marcos Brito.

La acusación particular intentará que se le condene también por malversación de caudales públicos, "puesto que se usaron recursos económicos municipales para el desarrollo de esos mercadillos", según informa la Asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados, que denunció el caso ante la Fiscalía en febrero de 2015.

Afonso ha insistido en varias ocasiones en su convencimiento de que no ha cometido ninguna actuación "penalmente reprochable" y que el origen de este proceso judicial es "una venganza política", por parte de excompañeros del PP, y "la inadecuación de unas autorizaciones a una ordenanza municipal, pero sin causar perjuicios a terceros".

La vista, que se prevé que empiece y concluya en el día de hoy, se celebrará en el palacio de justicia de la avenida Tres de Mayo.

Tras la sentencia de abril Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de consejero del Cabildo de Fuerteventura, la interpretación penal de la inhabilitación es mucho menos restrictiva, ya que el Supremo aboga por ampliar los efectos de la inhabilitación a cualquier empleo o cargo público, "independientemente del ámbito de la administración pública en el que se haya cometido el delito".

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