El alcalde del Puerto de la Cruz, Lope Afonso (PP), dictará en los próximos días una providencia para encomendar a la Policía Local la tarea de identificar a los okupas que aún residen en el edificio Iders, en la avenida Familia Betancourt y Molina, y de notificarles un informe técnico en el que se advierte de los riesgos de permanecer en este inmueble clausurado desde 1991. La intención del consistorio es intentar un desalojo voluntario de los okupas para evitar que se vuelvan a producir incidentes como el reciente incendio, en el que un hombre resultó herido de gravedad.

"A la vista de los últimos acontecimientos y de los evidentes riesgos para la seguridad, vamos a solicitar a los agentes municipales que identifiquen a las personas que pudieran residir en este edificio y les adviertan del riesgo que corren", explicó Afonso.

"En el caso de que resulte imposible identificar a las personas que residen allí o de que no accedan a desalojarlo voluntariamente, solicitaremos al juzgado que corresponda una autorización para proceder a una entrada y desalojo forzosos", advirtió el alcalde.

Los Servicios Sociales actuarán para buscar una alternativa habitacional temporal a las personas que dejen el Iders. A la vez, el consistorio volverá a requerir a los propietarios del inmueble para que "cumplan con el deber de mantener esa propiedad privada en un adecuado estado de conservación".

Lope Afonso reconoce que "no es previsible", dada la experiencia de los últimos años, que los propietarios del Iders intervengan para mejorar la situación del inmueble. "Y si no actúan, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz intervendrá de forma inmediata para proceder, por la vía de la ejecución subsidiaria, a instalar un nuevo vallado perimetral que evite el acceso de personas a este edificio".

Un vallado perimetral cuyo coste reclamaría posteriormente el Consistorio del Puerto de la Cruz a los propietarios del Iders.

Una vez resuelto el problema de seguridad que supone la presencia de okupas en el Iders, el gobierno portuense se plantea poner en marcha el procedimiento legal necesario para "normalizar la situación de esa parcela". Una intervención que podría suponer incluso la demolición del edificio, también a través de la vía de la ejecución subsidiaria.

La pesadilla del edificio Iders comenzó en 1991, cuando se ordenó su desalojo por una presunta aluminosis que en 2007 se demostró que no afectaba a la estructura. Desde entonces se han producido varios intentos fallidos de rehabilitación debido al enfrentamiento entre algunos de los propietarios que fueron desalojados hace 28 años y el empresario que fue adquiriendo las propiedades hasta hacerse con la mayoría de ellas.