El Cabildo de Tenerife ha licitado el servicio de gestión de residuos por un importe de 460,7 millones de euros, prácticamente 490,7 millones si se incluye el IGIC. Una cuantía que no tiene precedentes en el actual mandato, que comenzó en mayo de 2015, en ninguna de las instituciones de la Comunidad Autónoma. Ni los ayuntamientos, ni ningún otro cabildo, ni el Gobierno de Canarias, ni ninguna de las muchas entidades dependientes del entramado institucional (empresas públicas, organismos autónomos, consorcios...) han ofertado en los últimos años un contrato tan jugoso. De hecho, la empresa que finalmente resulte adjudicataria se hará con un convenio cuyo valor estimado, es decir, el montante total (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas), asciende a casi 715,9 millones de euros. No en vano el Cabildo prevé construir una celda para residuos peligrosos y tres nuevos centros logísticos que explotaría la entidad que se haga cargo del servicio, lo que incrementaría el precio en unos 18 millones. Además, el contrato tiene una duración inicial de 15 años (la adjudicataria prestará el servicio entre los años 2020 y 2034) pero existe la posibilidad de prorrogarlo cuatro años más. Una valiosa oferta por la que pugnan las más importantes firmas del país.

Vertresa, que es la UTE (unión temporal de empresas) que actualmente gestiona los residuos en Tenerife, peleará para seguir encargándose del servicio. Pero no lo tiene fácil. Según ha podido saber este diario, entre las grandes firmas que se han interesado por el contrato figuran también la local Canaragua; Valoriza, filial del Grupo Sacyr especializada en limpieza y recogida de residuos; la multinacional Veolia, por medio de su firma en España; el Grupo FCC de los magnates Carlos Slim y Esther Koplowitz; Acciona, que acaba de ganar mercado en Vietnam, donde construirá una macrodepuradora de unos 200 millones de euros; y Cespa, filial de Ferrovial que limpia y trata la basura en hasta 800 municipios de España y Portugal. Incluso hay también "otros grupos internacionales" que estudian presentar ofertas.

Así pues, prácticamente todas las grandes empresas del sector han reaccionado al proceso de licitación que ha puesto en marcha el Cabildo. Los pliegos se publicaron el pasado miércoles en la plataforma de contratación del sector público. Aunque las instituciones suelen, en general, acelerar las concesiones ante la cercanía de una cita con las urnas, no es frecuente encontrar contratos de tanta calidad. Ni por los ingresos que reportará a la adjudicataria (esos 490,7 millones que incluso pueden llegar a 715,9 con prórrogas y modificaciones) ni por la duración, 15 años que pueden ser hasta 19. Basta con apuntar que no hay en el Archipiélago ningún otro gobierno (ni municipal, ni insular, ni el Ejecutivo regional) que haya sacado a concurso una obra o servicio por una suma de dinero tan alta durante la legislatura que está a punto de concluir. Las obras del cierre del anillo insular se licitaron, por ejemplo, por 310,7 millones de euros. Y las de la segunda fase de la tan demandada carretera de La Aldea, en Gran Canaria, con un presupuesto base de solamente 194,4 millones. Es más, desde el 1 de junio de 2015, tan solo es posible encontrar en todo el país 14 expedientes que superan la cuantía del contrato ofertado por el Cabildo. Catorce convenios que oscilan entre los 4.317,8 millones de euros destinados por la Subdirección General del Estado de Adquisiciones de Armamento para la construcción de cinco fragatas modelo F-110 y los 490 millones del contrato que oferta el Ayuntamiento de Madrid para el servicio de ayuda a domicilio. Y de esos 14, únicamente cinco expedientes siguen abiertos: uno de Renfe para la compra y mantenimiento de trenes de cercanías; otro del Ayuntamiento de Barcelona precisamente para la gestión de los residuos y que está ya en el trámite de evaluación de las ofertas; el del Consistorio de la capital de España para el servicio de ayuda a domicilio; uno más de la Xunta de Galicia para la concesión del servicio de transporte de viajeros por carretera; y, por último, el de la corporación insular tinerfeña.

Las empresas que aspiran a conseguir el contrato del Cabildo tienen de plazo hasta las 23.59 horas del próximo 22 de julio para presentar sus ofertas. Según se detalla en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, el área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad de la institución que preside Carlos Alonso no solo tendrá en cuenta la oferta económica para la adjudicación del contrato. En consonancia con lo que dicta la nueva ley de contratos del sector público, el Cabildo valora también, entre otros aspectos, la inversión en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), es decir, que la empresa adjudicataria se implique en hacer más eficiente, eficaz y limpio el tratamiento de los residuos que se generan en la Isla. La corporación garantiza, además, el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas que actualmente prestan el servicio, ya estén en plantilla de la UTE de Vertresa o formen parte de la nómina de empresas subcontratadas.

El actual contrato lleva prorrogándose ya tres años, de ahí que el Cabildo haya tenido que poner en marcha el proceso de licitación cuando apenas faltan unas semanas para las elecciones autonómicas y locales del 26 de mayo. La empresa que se encargue del tratamiento de los residuos en los próximos 15 años gestionará las distintas infraestructuras con que cuenta la Isla: el Complejo Ambiental de Tenerife, en Arico, y los centros logísticos de La Guancha, La Orotava, El Rosario y Arona. No obstante, la idea en la corporación insular es que a lo largo de los 15 años de vigencia del acuerdo se construyan tres nuevos centros logísticos en Adeje, Güímar y la comarca de Acentejo. Son instalaciones en las que se recogerán los residuos para llevarlos luego hasta el complejo ambiental, donde está el vertedero. Además, las previsiones del Cabildo incluyen la ejecución de obras de mejora en los cuatro centros logísticos ya existentes en la Isla y también en el complejo ambiental. En este último, la intención es ampliar la urbanización, modernizar las infraestructuras con que se trata la basura, construir celdas para los residuos no peligrosos y levantar una más para residuos peligrosos. Esta última no está prevista en el contrato, si bien la corporación tinerfeña se reserva la posibilidad de modificar el acuerdo en el caso de que finalmente se construya.

Los cerca de 491 millones de euros del importe del contrato se distribuirán entre 2020 y 2034 en anualidades de alrededor de 33 millones. El Cabildo calcula que de los 460 millones (excluidos los casi 30 que corresponden al IGIC), hasta 180,7 millones de euros se destinarán para el pago de las nóminas de los trabajadores. Por tanto, cuatro de cada diez euros serán para gastos de personal, con mucha diferencia el principal desembolso. La conservación y el mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria suponen otros 74 millones, y 48,8 irán para pagar la factura de la gasolina y demás combustibles necesarios para la actividad. Algo más de 20 millones de euros es el presupuesto para el suministro eléctrico, casi 16,7 millones serán para seguros e impuestos, 22,5 para otros suministros y consumos y prácticamente 53 millones más se destinarán para inversiones y amortización de la maquinaria y demás equipamiento. Los cuatro años de prórroga incrementarían el contrato en 135,9 millones más.

La licitación de la gestión y el tratamiento de los residuos en la Isla supone también el pistoletazo de salida para un ambicioso plan de renovación y modernización de infraestructuras. En los pliegos para la adjudicación del servicio por los próximos 15 años se detallan tanto las nuevas instalaciones que el Cabildo prevé construir como los trabajos para la mejora de las ya existentes. Entre las primeras están los tres nuevos centros logísticos en Adeje, Güímar y la comarca de Acentejo y probablemente una nueva celda para residuos peligrosos. En este caso la empresa adjudicataria se encargaría de su explotación en los términos que se recojan en las futuras modificaciones del contrato. Pero, además, correrán por cuenta del adjudicatario una serie de obras de mejora en las actuales infraestructuras por un montante de prácticamente 40 millones de euros.

Entran ahí algo más de 17,8 millones de euros que se destinarán para la modernización y renovación del Complejo Ambiental de Tenerife, ubicado en el municipio sureño de Arico y que incluye el vertedero insular. Otros 12,2 millones se emplearán en el sellado de celdas ya amortizadas, y unos siete millones más, para mejorar el equipamiento con que se tratan los residuos. Además, la idea no solo es construir esos tres nuevos centros logísticos, sino que los cuatro que actualmente están en funcionamiento, situados en La Guancha, La Orotava, Arona y El Rosario, también se modernicen y amplíen. El Cabildo calcula que serán necesarios unos 4,6 millones de euros para la mejora y ampliación del centro logístico de El Rosario, casi 2,5 millones para el de La Orotava y algo más de 2,3 para el de Arona. La inversión en las instalaciones de La Guancha se estima en poco más de 300.000 euros. La inversión total asciende a 39,7 millones.

El Cabildo licita la gestión de residuos por un importe récord en el Archipiélago