23 de abril de 2019
23.04.2019
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El Consorcio de Puerto de la Cruz le gana una batalla de 1,6 millones al Estado

La Audiencia Nacional da la razón a las administraciones canarias, que no devolverán el 80% de los fondos aportados por el Gobierno de España para mejorar Puerto de la Cruz.

24.04.2019 | 08:41
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Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, notificada a las partes este lunes, da la razón a las administraciones canarias que componen el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz, entidad que no tendrá que devolver los 1,6 millones de euros que le reclamaba el Gobierno de España desde 2016.

El Consorcio portuense, representado por un letrado del Cabildo de Tenerife, interpuso en diciembre de 2016 un recurso contencioso administrativo contra la resolución del 30 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España por la que se reclamaba la devolución del 80% del dinero aportado por el Estado, a través de Turespaña, al Consorcio portuense. El Gobierno de España pedía la devolución de 1.655.337 euros de los 2.000.000 aportados para la mejora de Puerto de la Cruz.

La sentencia recuerda que el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz suscribieron el día 20 de julio de 2010 un convenio para rehabilitar y modernizar la ciudad turística, un acuerdo por el que las cuatro administraciones se comprometieron a financiar conjuntamente las actuaciones a realizar, a través del citado consorcio.

A lo largo de 2015, la Secretaría de Estado de Turismo solicitó la justificación de las inversiones realizadas desde la fecha de la firma del convenio, aportándose por parte del Consorcio la documentación correspondiente, además de responder a requerimientos en los que se solicitaba documentación complementaria o aclaraciones.

El 11 de diciembre de 2015, la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo dictó una resolución por la que acordó el inicio de un procedimiento de declaración de incumplimiento parcial de las cláusulas del convenio suscrito por una supuesta falta de justificación de parte de las actuaciones cofinanciadas por el Estado, a través de Turespaña.

El Consorcio portuense volvió a presentar las justificaciones que consideró pertinentes, que no fueron estimadas por el Estado, lo que supuso que la Secretaría del Estado de Turismo dictara una resolución, el 19 de abril de 2016, que puso fin al procedimiento administrativo, solicitó la devolución de 1,6 millones de euros y reclamó, además, el pago de intereses e demora.

En abril de 2016, El Día desveló la decisión del Estado de abandonar el Consorcio portuense "debido al conflicto abierto por discrepancias técnicas respecto a la justificación de las inversiones del Consorcio y a la vigencia de los planes y convenios de financiación".

El Consorcio presentó contra este acto -que ponía fin a la vía administrativa- un requerimiento previo, el 23 de junio de 2016, donde se reiteraba la justificación demandada por el Estado y se solicitaba la suspensión de la resolución. También fue desestimado por el organismo estatal mediante otra resolución de 30 de septiembre de 2016.

El Consorcio portuense se vio obligado entonces a interponer, ya en diciembre de 2016, un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Este recurso ha sido finalmente estimado y deja sin efecto la resolución impugnada y el reintegro instado "por la caducidad del procedimiento", sin que la audiencia haya entrado a analizar el resto de los motivos planteados en la demanda.

Además de anular la resolución impugnada, la sentencia incluye la "expresa condena en costas a la administración demandada".

La Audiencia Nacional permite que, tres años después del inicio del conflicto, el Consorcio portuense eluda la devolución de estos 1,6 millones de euros aportados por el Estado entre 2010 y 2015.

Esta sentencia aún es susceptible de recurso de casación, que deber interponerse antes de treinta días.

La sentencia condena a la administración central a pagar las costas del proceso

"Otro incumplimiento del Estado con las Islas"

El presidente del Cabildo de Tenerife y candidato a la reelección, Carlos Alonso (CC), subrayó ayer que, "una vez más, los tribunales dan la razón a las administraciones canarias ante otro incumplimiento del Estado con las Islas". En este caso se da la razón a las entidades que integran el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz, donde participan el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento portuense. A juicio de Alonso, "el abandono del Gobierno central en asuntos de interés general para la Isla, como sucede en este caso con el Puerto de la Cruz, parece que siempre debe resolverse en los tribunales". En abril de 2016, el propio Alonso abogó, sin éxito, por una solución amistosa a esta reclamación del Estado.

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