El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha pedido información “clara y precisa” al Banco de Santander sobre la situación real de las viviendas de protección oficial del barrio de Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y que se paralice cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en estos inmuebles.
El presidente insular afirma hoy en un comunicado que la corporación insular ha tenido conocimiento en los últimos días de la intención de la entidad o de sociedades vinculadas al banco de no prorrogar los contratos de arrendamiento de unas 179 viviendas de VPO ubicadas en el barrio capitalino de Añaza.
“Creo que no es necesario explicar la alarma social que se ha generado con estas actuaciones”, expresa el presidente del Cabildo, quien cree que es de “vital importancia” el hecho de que la situación pueda “encauzarse adecuadamente” para evitar que familias puedan quedarse sin hogar, “lo que también es trascendente para poder seguir manteniendo una adecuada relación comercial con la entidad”.
El presidente del Cabildo recuerda que el pleno del Cabildo de Tenerife, en sesión celebrada el 31 de julio de 2015, adoptó un acuerdo institucional en materia de derecho a la vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar que recoge diversas medidas.
Entre ellas se encuentra instar a todas las entidades financieras con las que actualmente mantiene contratos el Cabildo a que efectúen una paralización de los desahucios de personas y familias cuando éstas no tengan garantizada una alternativa residencial.
El acuerdo insta también a estudiar la viabilidad y los efectos de proceder a la extinción de contratos, la retirada de fondos y la no suscripción de cualquier otro tipo de relación comercial con aquellas entidades financieras que persistan en Tenerife en la práctica de desahucios a personas y familias de sus primeras viviendas sin alternativa residencial.