La Junta de Gobierno conoció este lunes un informe-propuesta elaborado por el área social que fundamenta la urgencia de proceder a la adquisición por parte del ayuntamiento de viviendas asequibles para atender la demanda real de las familias con menor poder adquisitivo del municipio.

El documento, que fue debatido en primera instancia antes de elevarlo a aprobación definitiva por parte de la Junta, describe de forma pormenorizada la extrema dificultad que atraviesan las familias con menos recursos a la hora de encontrar una vivienda en régimen de alquiler en el mercado inmobiliario de la capital, debido, entre otras razones, al encarecimiento de los precios que se ha registrado en los últimos años.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, manifestó tras conocer el informe que "la situación requiere una respuesta urgente e inmediata de las administraciones públicas con competencia en materia de Vivienda, y Santa Cruz no se va a quedar de brazos cruzados".

"Al contrario, nuestro compromiso es materializar cuanto antes el objetivo de adquirir viviendas que podamos ofrecer a este segmento de la demanda con unos alquileres de carácter social, no prohibitivos como ocurre hoy", explicó.

Bermúdez reconoció que "a pesar de que no hemos parado de ampliar en los últimos años los recursos alojativos y las ayudas a la vivienda, lo cierto es que esta oferta pública municipal no alcanza para atender la demanda de vivienda social".

Al respecto, el concejal de Atención Social y responsable del informe, Óscar García, confirmó que "desde 2016 las dificultades no han dejado de aumentar y, de hecho, a día de hoy es prácticamente imposible encontrar una vivienda de alquiler disponible para familias en situación de vulnerabilidad".

García señaló que entre los dificultades más comunes se encuentran la escasez de pisos de alquiler en el mercado inmobiliario, el precio inasumible del alquiler (por encima de 450 euros al mes) y el requerimiento de garantías (fianza de varios meses, avales, o una e incluso dos nóminas estables).

"Si a ese incremento en las exigencias, económicas, jurídicas y laborales, le unimos que muchas veces la propiedad de la vivienda se niega a alquilar a personas y a familias que están recibiendo ayudas económicas de los servicios sociales, nos encontramos en un callejón sin salida", argumentó.