Parecía que la polémica se había apaciguado tras la última reunión entre ambas administraciones. Sin embargo, la última decisión tomada por el Ayuntamiento de Santa Cruz se aleja bastante de ese aparente consenso. La Gerencia de Urbanismo ha ampliado ante el juez los argumentos con los que trata de esclarecer la controversia sobre la protección de inmuebles de la capital que no están reconocidos como patrimonio en el Plan General de Ordenación (PGO).

En concreto, lo ha hecho a través de una demanda, consecuencia del escrito de interposición que presentó Urbanismo cuando Patrimonio del Cabildo ordenó paralizar el derribo del inmueble número 23 de la calle Puerta Canseco, en el entorno de Miraflores. Una cosa y la otra ocurrieron a finales de 2017 y comienzos de 2018.

En los documentos entregados al juez que instruye esta causa, el letrado de la Gerencia de Urbanismo concluye que no solo el citado inmueble carece en la actualidad de valores que lo hagan merecedor de protección, "sino que el ámbito en el que está inserto tampoco dispondría de esos valores, con lo que el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias se habría utilizado de manera torticera".

Cabe detallar que el Cabildo se apoyó en este artículo de la norma para adoptar las medidas cautelares que permitieron paralizar la demolición de la vivienda.

Precisamente, en la demanda presentada la pasada semana, el consistorio solicita al juzgado que se declare la "indebida aplicación" del artículo 48 y su "imposibilidad de utilización futura" en supuestos de hecho similares. También pide que anule y deje sin efecto la resolución que recurrió el ayuntamiento.

Y es que si bien el Cabildo anunció que las medidas cautelares caducaban al mes de ser adoptadas, en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz entienden que la Corporación no ha comunicado que la resolución haya decaído, ni siquiera después de haber enviado el informe que elaboró el Cicop sobre el estado de conversación de la casa en cuestión y de otras dos de la misma calle.

El letrado de Urbanismo argumenta también en la demanda que el expediente administrativo del Cabildo es "a todas luces, absolutamente incompleto", puesto que se ha formado por la agregación sucesiva de documentos "indebidamente foliados" y no se puede observar "ningún tipo de relación lógica".

Y recuerda también, haciendo mención al Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), que esos inmuebles deberían ser incluidos en un catálogo de ámbito insular "que no se encuentra aprobado en la actualidad, a pesar de iniciarse su tramitación en el año 2004".

Es más, el servicio jurídico de la Gerencia pone en duda incluso la falta de competencia técnica del autor de los informes del Cabildo. "Considerando que en esos informes se habla de patrimonio arquitectónico y que su autor es historiador, no alcanzamos a comprender cómo el Servicio de Patrimonio puede tener por buenas esas manifestaciones cuando las mismas no han sido vertidas con el mínimo rigor que sería admisible", recalca.

Sobre este asunto, la primera teniente de alcalde de la capital, Zaida González, sostiene que con esta demanda "queremos que la Justicia aclare de una vez por todas si el Cabildo puede invadir el ámbito competencial de los municipios sin la debida motivación, como es el caso de Puerta Canseco". "Con ella defendemos la autonomía de Santa Cruz y la de los 31 municipios de Tenerife", añade.

En esta línea, la concejal indica que "para la capital resulta evidente que el Cabildo ha sobrepasado sus competencias sin el debido fundamento".

"No sé qué pensar cuando escucho a la Corporación insular dar lecciones de Patrimonio y se comprueba que llevan 14 años sin aprobar el catálogo insular", dijo la edil, quien remarcó que "mientras la Justicia no se pronuncie, Santa Cruz va a mantener su palabra: pediremos un informe técnico en cada uno de los inmuebles no catalogados que el Cabildo cree que deberían catalogarse, cuando soliciten la licencia de obras a la que tienen derecho".