La crisis volcánica que se registró en el verano de 2004 en Tenerife puso en evidencia la falta de preparación de la sociedad canaria ante el riesgo "cierto" de vivir en un territorio volcánicamente activo, y también dejó claro cómo no deben gestionarse este tipo de emergencias.

Así lo indica el geógrafo Eustaquio Villalba en una entrevista con motivo de la publicación de su obra "La crisis sismovolcánica de 2004 en Tenerife", que ha presentado además como ponencia en el congreso internacional de vulcanología "Ciudades sobre Volcanes" celebrado en Puerto de la Cruz.

Eustaquio Villalba señala que no hubo "sucesos paranormales" y la crisis sísmico-volcánica de 2004 "existió" según la mayoría de los científicos que desde las distintas ramas de las ciencias de la tierra han analizado los datos de lo ocurrido.

Los que la niegan aducen que el aumento de la sismicidad registrada ese año se debió fundamentalmente a la mejora del instrumental, pero Villalba precisa que la erupción de Chinyero en 1909 fue precedida, como todas las históricas, de un notable incremento de los sismos percibidos por la población, por lo que es lógico deducir que estos movimientos son un claro síntoma de una posible erupción.

Sin embargo, quedó en evidencia que los organismos públicos no actuaron de manera coordinaba y eficiente porque no contaban con los planes necesarios para hacer frente a esa situación de riesgo para la población, y mientras el comité científico utilizó un semáforo de aviso de tres colores, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos usó otro de cuatro colores.

La decisión del citado Ayuntamiento tinerfeño fue apoyada por investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que no estaban de acuerdo con el comité científico que se había constituido.

En este comité participaban el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), otros miembros del CSIC, el Instituto Geográfico Nacional y vulcanólogos del Museo de Ciencias Naturales y de la Universidad de La Laguna.

Pero si hubo descoordinación entre las instituciones públicas "peor fue todavía el caso de la comunidad científica" al dar informaciones absolutamente contradictorias, desde negar la evidencia de la crisis, que algún investigador calificó de "disparate", a los que por el contrario hablaban de que se estaba preparando actividad eruptiva en el Teide.

En medio de éstos, también había científicos que argumentaban que, en caso de erupción, se produciría en la dorsal noroeste de la isla.

Había opiniones para todos los gustos y el resultado final fue el desprestigio de la comunidad científica, porque había tantas contradicciones que le quitaron credibilidad y se daba la impresión de que "o alguien miente o hay un montaje".

La consecuencia lógica fue el desencadenamiento de rumores en vez de noticias, y también conllevó "el pánico", con escenas de desalojo de viviendas y de acopio de agua y alimentos "cuando no había razones científicas para ello", advierte Villalba.

Sólo habría bastado que la comunidad científica se hubiera puesto de acuerdo para tener una voz única , porque esta es la única forma de evitar que "el pánico, el caos y el miedo se apoderen de la población", destaca.

Actualmente las cosas siguen "igual o peor", pues el tiempo transcurrido lo único que ha puesto en evidencia es que las diferencias entre organismos y las polémicas entre científicos son cada vez "más agrias".

Como ejemplo señala que cuando se inauguró el congreso "Ciudades sobre volcanes" el investigador del Instituto de Ciencias Naturales Ramón Ortiz en una entrevista que se publicó en los periódicos el mismo día que se inauguraba el congreso, al que no asistió, dijo que en España sólo él "y dos más" eran expertos reales en volcanología, y si esto es así "mal estamos", ironiza Villalba.

La realidad es que España cuenta con un plantel de científicos importante pero es evidente que no dirimen sus interpretaciones en los foros adecuados y han optado por trasladarlas a los medios de comunicación "con descalificaciones personales y llamándose ignorantes unos a otros".

"Esto no aporta sensatez", afirma Villalba, quien fue presidente de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza y representante de los grupos ecologistas en el Patronato del Parque Nacional del Teide.

Puntualiza que en todas las recomendaciones internacionales se dice que los comités científicos deben tener "una voz única" para que las normales discusiones entre investigadores y la disparidad de criterios no lleve a malas interpretaciones, errores y la difusión de rumores.

Pero si un conocido vulcanólogo afirma que "no pasa nada y todo es invento de otros que son unos ignorantes", la situación que se genera para el ciudadano es de absoluto desconcierto, advierte el geógrafo.

Por ello apela a la necesidad de que la comunidad científica española reflexione sobre el papel que debe tener en la sociedad para asesorar ante estos riesgos "sin pensar en los problemas personales entre ellos".

Además, las autoridades deberían establecer planes coordinados con el instrumental necesario y de protección civil ante el riesgo que comporta una zona volcánica.

"La ciencia no puede decir exactamente cuándo va a ocurrir una erupción, lo único que puede afirmar es que ocurrirán", agrega Villalba, quien destaca la importancia de una buena labor de vigilancia y prevención para que todos, desde los escolares hasta los adultos, sepan cómo actuar en caso de erupción y cómo evacuar una zona.

Lo que no puede suceder es que ante una emergencia haya una discusión sobre las competencias, sino actuar con coordinación y jerarquía de mando.

Eustaquio Villalba afirma que la crisis de 2004 potenció la idea de crear el Instituto Volcanológico de Canarias, algo que también había motivado una discusión "muy agria" entre científicos.

Al respecto, detalla que la creación de este centro científico cuenta con el apoyo expreso del Senado y del Consejo de Ministros celebrado en Gran Canaria, por lo que no le gusta que el Cabildo de Tenerife haya decidido crearlo "de forma unilateral" en vez de contar con un comienzo "consensuado", aunque es verdad que las otras administraciones nunca han pasado de las palabras a los hechos.