La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años por estafar con falsos alquileres
El Ministerio Público solicita la devolución de las cantidades estafadas y una indemnización de 500 euros por daños morales a cada perjudicado
Varias personas acceden al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día
Añádenos en GoogleLa Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife mantuvo este martes, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, su petición de cuatro años de cárcel para un vecino de Gran Canaria acusado de estafar a varias personas que adelantaron dinero por el alquiler de viviendas que no eran de su propiedad.
El Ministerio Público también solicita que el acusado devuelva las cantidades presuntamente estafadas y abone una indemnización adicional de 500 euros a cada perjudicado por los daños morales ocasionados.
Argumentos de la defensa
La defensa pidió la libre absolución al considerar que no existe prueba de cargo directa y alegó que la descripción del procesado no coincide con su aspecto físico.
Además, sostuvo que hubo un error en la investigación porque la dirección IP identificada no se correspondería con su teléfono.
De forma subsidiaria, la defensa planteó que los hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales, penado con entre seis meses y dos años de prisión.
Antes de la vista intentó alcanzar un acuerdo de conformidad, aunque no fue posible porque la Fiscalía rechazó rebajar la pena a menos de tres años de prisión.
La representación del acusado considera, en todo caso, que este podría haber actuado como colaborador y no como autor principal del fraude.
Varias operaciones
El procedimiento gira en torno a varias operaciones de alquiler en las que los perjudicados habrían entregado cantidades por adelantado para reservar inmuebles que finalmente no pudieron ocupar. Según la acusación, las viviendas anunciadas no pertenecían al procesado, que habría utilizado esos supuestos arrendamientos para obtener ingresos de manera ilícita.
La Fiscalía sostiene que la mecánica de la estafa seguía un patrón similar en los distintos casos: publicación de anuncios, contacto con los interesados, solicitud de pagos previos y desaparición de la oferta una vez recibidas las cantidades. Los afectados habrían descubierto después que los inmuebles no estaban disponibles o que el acusado no tenía autorización para alquilarlos.
Comunicaciones y movimientos
Durante la vista, buena parte del debate se centró en la atribución de las comunicaciones y de los movimientos económicos al procesado. La defensa insistió en que los indicios tecnológicos y personales no permiten vincularlo de forma concluyente con todos los hechos, mientras la acusación considera que el conjunto de pruebas resulta suficiente para sostener su participación.
El juicio quedó visto para sentencia, que deberá determinar si el acusado fue el responsable directo de los engaños, si actuó como intermediario dentro de una estructura más amplia o si, como mantiene su defensa, no existe una prueba bastante para condenarlo.
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