Ocho de cada diez casos de violencia en menores se archivan en los juzgados

Cerca del 80% de expedientes sobre posibles agresiones físicas o abusos sexuales a menores termina archivado durante la instrucción judicial, incluso, mucho antes de que los peritos forenses expongan los resultados de sus informes, muchas veces solicitados por las sospechas de los progenitores. «Es la principal grieta judicial en casos de violencia sobre menores», como explica el doctor en Ingeniería Biomédica y científico forense, Ricardo Ortega, que sostiene que 40 de los 52 expedientes sobre posibles agresiones o abusos a menores en los que ha participado «termina archivado» y añade –para mayor desesperanza– que «de ese 20% por ciento restante, en la mitad no se nos llama a declarar, ni a mi ni a nadie de mi equipo, ni a otros peritos en otros casos», reprocha.

Esa cifra procede de los casos analizados por su equipo en los últimos tres años, de los que un 15% de ellos corresponde a casos de menores de Canarias. Aunque el dato no representa una cifra general de lo que puede estar ocurriendo en los tribunales españoles, lo cierto es que ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía cuenta con una fuente abierta de datos que cruce asuntos incoados, archivados, los que llegan a juicio, condenas y absoluciones.

Ricardo Ortega estudia las lesiones que padecen las víctimas y reconstruye el mecanismo que pudo causarlas con el objetivo es comprobar si las marcas dejadas en el cuerpo de una víctima encajan con las versiones ofrecidas.

El especialista asegura que «algunos de los dictámenes han sido rechazados, apartados del procedimiento o considerados menos relevantes que evaluaciones médicas de forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal, cuando son complementarias al facilitar una hipótesis o se rechazan bajo la errónea premisa de una jerarquía superior de los forenses de la administración pública».

Una causa sobreseída no es una denuncia falsa

«En otros casos, el sobreseimiento llega antes de poder explicar los resultados: si faltan pruebas, ¿es porque no existen o porque no se examinaron todas? Una causa sobreseída no demuestra que la denuncia fuera falsa. Significa que el juzgado no aprecia indicios suficientes para continuar o sostener una acusación. En asuntos con menores, esa valoración resulta compleja: los hechos suelen ocurrir sin testigos, en espacios privados y, a menudo, dentro del entorno familiar.

El relato puede aparecer tarde, ser fragmentario o estar condicionado por la edad. La investigación depende entonces de testimonios, exploraciones médicas, análisis psicológicos, antecedentes familiares y periciales técnicas. Si una pieza queda fuera, el expediente se resuelve con una visión incompleta.

Ortega califica de «desesperante» que trabajos destinados a aclarar una lesión no lleguen al juicio. Sin vista oral, el experto no puede responder a acusaciones y defensas, ni existe una sentencia que contraste plenamente las hipótesis.

Algunas causas archivadas coinciden con disputas sobre custodia y régimen de visitas, pero no es generalizado. La presunción de inocencia y el derecho de defensa son garantías irrenunciables, pero también lo son las investigaciones científicas basadas en criterios objetivos. Y cuando los casos no llegan a un juicio por archivo, el expediente termina, pero las preguntas, no.

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