Dos acusados pactan dos años de cárcel por estafa y extorsión informática en Tenerife

Un hombre y una mujer aceptaron este lunes los delitos de estafa y extorsión de los que le acusaba la Fiscalía. De esta manera, al reconocer los hechos imputados y una vez que ambos han contribuido a la reparación parcial del daño a las víctimas (devolviendo parte del dinero que defraudaron), la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia de conformidad, que rebaja de forma considerable las penas iniciales pedidas por el Ministerio Público.

Los dos acusados integraban una trama dedicada a las estafas y chantajes informáticos que ofertaban a través de internet. La sentencia de conformidad fija para el principal acusado una pena de dos años de prisión por estafa mientras que por los cinco delitos de extorsión se le impone tres meses de prisión por cada uno: en total, tres años y tres meses de prisión. Para la mujer, un año de cárcel. Además ambos se comprometen a la devolución conjunta de 64.000 euros reclamados por los perjudicados.

El acuerdo supone una importante rebaja respecto a la petición inicial de la Fiscalía, que pedía para el hombre cuatro años y medio de prisión por estafa y 15 años por extorsión, además de una multa de 1.800 euros. Para la mujer, la acusación pública reclamaba tres años y tres meses de cárcel y una sanción de 2.000 euros, multa que se mantiene ahora.

Además, a ambos se le suspenden las penas de prisión, con la condición de que no vuelva a delinquir el hombre en cinco años y la mujer, en tres años. En el caso del principal procesado, la rebaja y suspensión extraordinaria se acordó pese a su reincidencia, al valorar el tribunal que era toxicómano, que se encuentra en proceso de rehabilitación y que ha reparado parcialmente el daño al ingresar antes del juicio parte del dinero reclamado. Además, deberá cumplir ocho meses de trabajos en beneficio de la comunidad.

Servicios ilegales en anuncios

Según los hechos probados, los acusados publicaban anuncios en internet en los que ofrecían acceder de forma ilícita a cuentas de terceros, teléfonos móviles, correos electrónicos o plataformas de la administración. Por esos supuestos encargos cobraban cantidades que iban desde 20 euros hasta 15.000 euros. La investigación acreditó que llegaron a publicar 40 anuncios bajo distintas identidades y que utilizaron hasta 38 cuentas de correo electrónico y 24 números de teléfono para dificultar que pudieran ser relacionados entre sí. El principal acusado se encargaba de responder a las peticiones de los clientes, mientras que la mujer recogía el dinero por unos servicios que, según la resolución, nunca llegaron a realizarse.

Cuando los perjudicados reclamaban la devolución del dinero entregado, los investigados los amenazaban con revelar a los titulares de las cuentas, teléfonos o perfiles afectados las intenciones de estos. En otras ocasiones, tras recibir un primer pago, solicitaban nuevas cantidades para completar los supuestos encargos.

Los acusados también accedían a cuentas de los propios estafados con los datos que estos les habían facilitado. Después, los coaccionaban para exigirles más dinero bajo la amenaza de revelar sus intenciones.

Entre los perjudicados figura una persona que pagó 420 euros para recabar información de un terminal telefónico; otra que abonó 290 euros para acceder a bases de datos policiales; y una tercera que entregó 650 euros para averiguar quién realizaba llamadas con número oculto. También hubo clientes que pagaron 850 euros para entrar en el terminal de su pareja o 250 euros para borrar fotografías y vídeos que afectaban a su reputación.

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