Un hotelero, encausado por revelar datos médicos de la consejera de turismo de El Hierro

El Juzgado de Valverde de El Hierro ha concluido la instrucción de la causa abierta contra un empresario hotelero, por un presunto delito de revelación de secretos, tras apreciar indicios de que difundió datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas -conocida como Davinia Suárez Armas-, sin su consentimiento.

El auto, dictado por el titular de la Plaza Uno del Tribunal de Instancia de Valverde, Antonio Mazuecos, considera que existen "sólidos indicios de criminalidad" y acuerda transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado abierto contra el empresario hotelero Davide Nahmias, que administra el conocido Hotel Puntagrande, conocido como el más pequeño del mundo, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. La resolución da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La resolución judicial recoge que la consejera había aportado un informe médico en un procedimiento anterior vinculado a una solicitud de conciliación por presuntas injurias y calumnias. Según expone el auto, el investigado recibió copia de esa documentación en el marco de aquel proceso y posteriormente la incorporó a una solicitud presentada ante el Cabildo de El Hierro, en la que reclamaba la dimisión de la consejera de Turismo.

El juez sostiene de forma indiciaria que el investigado, "lejos de hacer un uso responsable de la documentación que le fue entregada, destinándola a la defensa de sus pretensiones en aquel procedimiento", la presentó ante la administración insular. Esa actuación, según la resolución, dejó "al descubierto todos los datos médicos de las patologías que padece la denunciante".

Acceso al documento

El auto añade que la difusión de esa información habría causado "un enorme perjuicio personal y laboral", al tratarse de datos médicos que, según la resolución, "no eran conocidos en su entorno laboral". Durante la instrucción, varios testigos confirmaron que el informe quedó incorporado a un expediente administrativo al que pudieron acceder distintos empleados públicos del Cabildo de El Hierro.

La autoridad judicial señala que las diligencias practicadas permiten sostener provisionalmente que el investigado tuvo acceso a "datos especialmente sensibles relativos a su estado de salud, patologías y tratamientos médicos". También apunta a que, "con pleno conocimiento de la naturaleza reservada de dicha información y sin consentimiento de su titular", incorporó el documento a una solicitud administrativa acompañada de manifestaciones sobre la capacidad de la perjudicada para ejercer sus funciones públicas.

Según recoge la resolución, el contenido del informe médico "pudo ser conocido por diversos empleados públicos del Cabildo". El juzgado estima que entre nueve y quince personas tuvieron acceso potencial a la documentación. Varias de ellas, según consta en el auto, desconocían previamente las patologías reflejadas en el informe.

La IP vincula al investigado

La investigación incluyó también diligencias tecnológicas para determinar el origen del registro electrónico mediante el que se presentó la documentación. El juez indica en su auto que se pudo acreditar que la solicitud fue remitida desde una dirección IP asociada al investigado, circunstancia que, según el auto, "refuerza así su vinculación directa con la remisión de la documentación".

En sus conclusiones provisionales, el magistrado afirma que existen indicios racionales de que el empresario "obtuvo conocimiento de datos especialmente protegidos relativos a la salud de la perjudicada y procedió posteriormente a su comunicación o difusión a terceros sin autorización de su titular". Esa actuación habría provocado el acceso de diversas personas a información reservada perteneciente a la intimidad personal de Davinia Suárez Armas.

Por todo ello, el juez acuerda continuar la tramitación de las diligencias por un presunto delito de revelación de secretos, aunque la resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma ante el propio juzgado.

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