Una empleada de un ayuntamiento de La Palma acepta seis meses de cárcel por malversación y un año y medio por falsedad documental

Una empleada de un ayuntamiento de La Palma ha aceptado seis meses de cárcel por malversación de caudales públicos, un año y medio por falsedad de documento oficial y una multa de 810 euros tras reconocer que se apropió de 26.000 euros, ya devueltos.

La Fiscalía toma en cuenta la atenuante de confesión y reparación del daño, por lo que no pide indemnización, pero sí que sea inhabilitada para ejercer cualquier tipo de trabajo en el sector público durante un año y nueve meses.

Descripción de los hechos

Según el relato de la Fiscalía, la acusada prestaba servicios como auxiliar administrativo y en el ejercicio de su trabajo pasaba expedientes contables, registros y tramitación de facturas, documentos y realización de pagos y confección de ficheros para ordenar transferencias bancarias.

Todo ello le dio acceso directo y permanente a aplicaciones y documentos de gestión económica financiera de la corporación local, lo que, según la Fiscalía, aprovechó para apropiarse de la mencionada cantidad a través de veinte operaciones fraudulentas que suponían manipular facturas de proveedores.

El Ministerio Fiscal indica en su escrito de acusación que la mujer alteraba el número de cuentas bancarias y generaba ficheros contables falsos de servicios inexistentes para luego ingresar de forma directa esas cantidades en sus propias cuentas como abono de operaciones registradas a favor de terceros.

Reconocimiento y devolución

Una vez que fue descubierta reconoció los hechos y procedió a la devolución voluntaria de los 25.686 euros apropiados, más 811 en concepto de intereses antes de la celebración del juicio que tendrá lugar el 26 de mayo en Santa Cruz de La Palma a donde se desplazará la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.