La Guardia Civil investiga a una abogada de Tenerife por "incitar al asesinato" de dos fiscales jefes, un juez y un alcalde

La abogada Yurena Carrillo, inscrita en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) pero ejerciente en las islas Canarias -principalmente en Tenerife- ha pedido en sus redes sociales la contratación de "sicarios para matar" al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui; a la fiscal de Sala del Tribunal Supremo María Farnés Martínez Frigola; al magistrado presidente del Tribunal de Instancia de La Orotava, Javier Arribas Altarriba, así como al alcalde de Los Realejos, Adolfo González Pérez-Siverio (PP). Lo ha hecho a través de varios vídeos publicados en su cuenta de TikTok donde añade que "está dispuesta a pagar 3.000 euros" a quien lleve a cabo su encargo.

La gravedad de estas publicaciones en las redes sociales de Carrillo donde promueve acabar con la vida de funcionarios y cargos públicos de relevancia tanto de la administración de Justicia como municipal, "ha superado todos los límites". "Esto no se puede amparar en el derecho a la libertad de expresión y podría ser constitutivo de un delito penal", según confirman fuentes jurídicas.

De hecho, la Guardia Civil ya investiga el contenido de estas publicaciones que la letrada ha compartido en las últimas 72 horas. Se trata de unas diligencias por "delito de atentado contra la autoridad mediante la provocación al asesinato de funcionarios públicos", tal y como confirman fuentes de la investigación que, añaden, una vez que los investigadores del Instituto Armado concluyan con la recopilación y análisis de las publicaciones presuntamente delictivas, se presentará el correspondiente atestado en el partido judicial de Puerto de la Cruz, municipio en el que figura el domicilio de la citada abogada.

En esa publicación Carrillo alude a la "entrada diaria a sus archivos de lexnet", a que "la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pisa sus derechos humanos" para añadir -sin hacer referencia a nadie en concreto- que "ustedes se inventan embargos" y "las pensiones de mis hijas no se me paguen". "Que me hagan lo que les dé la gana, estoy buscando un sicario. Le ruego que se pongan en contacto conmigo", manifiesta y da, uno a uno, su número de teléfono móvil personal.

"Busco un sicario que acepte 3.000 euros de pago"

"Busco un sicario que acepte 3.000 euros de pago", añade la abogada en su vídeo para luego indicar que "la lista de personas a asesinar es Javier Arribas, juez decano de La Orotava -con la nueva nomenclatura es presidente del Tribunal de Instancia de ese partido judicial-; el jefe de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife (José Luis Sánchez-Jáuregui) y doña María Farnés, de la Comunidad Autónoma -es fiscal de Sala del Tribunal Supremo desde el pasado marzo-". Tras esta grave declaración, Yurena Carrillo insiste: "Quiero un sicario para los tres. Que se pongan en contacto conmigo, que me urge bastante", reitera. "El sicario no lo voy a utilizar para matar a mi exmarido", apunta justo antes de señalar que "Arribas pactó" con su exmarido que "yo me joda y no tenga derechos humanos". "He tenido problemas de malos tratos (...) y estoy buscando sicarios, lo digo públicamente", concluye Carrillo.

En vídeos anteriores, la abogada investigada señala a la fiscal María Farnés como una "criminal consciente, acostumbrada al peloteo, la politización y los palmeros. No me voy a callar, Farnés es una asesina potencial o en acto", exclama.

Expedientes disciplinarios

No es la primera vez que Carrillo lleva a cabo actuaciones polémicas, incluso en el ejercicio de su profesión y su relación con otros profesionales de la abogacía u operadores jurídicos. Según fuentes judiciales, esta abogada "fue expulsada del turno de oficio en la isla de La Palma". Las fuentes señalan que Carrillo no ha estado nunca dada de alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf), sino en el de Madrid, y apuntan a que la abogada "pudo abrir un despacho" en aquella Isla para inscribirse en el turno de oficio. Y "se abrieron expedientes disciplinarios relacionados con la vulneración del código deontológico recogido en el Estatuto de la Abogacía".

"Faltas de respeto a jueces, a otros abogados en el transcurso de una vista oral o conductas irregulares en el ejercicio profesional con sus clientes" son algunas de las tachas que constan en diversos expedientes abiertos a Yurena Carrillo tras las denuncias elevadas por operadores jurídicos y particulares.

También contra el alcalde de Los Realejos

En los dos últimos años, Carrillo ha centrado sus ataques en redes sociales contra el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, después de que el pleno municipal "aprobara sin ningún voto en contra" sancionarla económicamente por "infringir la ordenanza de tenencia responsable de animales".

El origen de este expediente, llevado a la corporación municipal para su votación, está en varias denuncias presentadas por una treintena de vecinos de la urbanización en la que residía entonces la abogada. La queja vecinal se produjo "tras soportar durante mucho tiempo" que sus dos perros permanecieran sueltos en una terraza "sin comida, sin atender su limpieza y ladrando durante horas". Esto suponía un problema de convivencia para el resto de vecinos que "ya soportaban otros comportamientos incívicos" de Carrillo como que "golpeara las paredes o pusiera música a un volumen elevado por la noche", pero también que tuvieran que "soportar el olor pestilente que emanaba de la vivienda" de la abogada por aquel abandono de sus animales. Los dos canes se encuentran desde entonces en el refugio internacional de animales, con el que el Ayuntamiento de Los Realejos tiene un convenio de servicio.

Desde aquel pleno, el regidor realejero ha aguantado las "calumnias, insultos y vejaciones" de Yurena Carrillo a través de las redes sociales sin que Adolfo González hubiera presentado denuncia alguna. Sin embargo, tras la difusión de los vídeos en los que "ha proferido amenazas de muerte contra él", este viernes ha puesto una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional en Puerto de la Cruz, solicitando en la misma que se dicte "orden de alejamiento", como medida cautelar, así como se la "inhabilite para el uso y tenencia de redes sociales o cualquier medio de difusión digital de forma permanente".

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