La Fiscalía acusa a cuatro empresarios de desviar 774.000 euros de una compañía de transportes de Tenerife

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusa a cuatro empresarios por su presunta participación en un entramado societario que, según el Ministerio Público, permitió vaciar patrimonialmente una empresa de transporte de viajeros y desviar parte de sus activos, contratos y fondos a otra entidad controlada por familiares y personas próximas a los investigados.

La acusación pública reclama para los cuatro investigados penas de hasta cuatro años de prisión, inhabilitación para administrar sociedades y multas económicas por delitos continuados de administración desleal y apropiación indebida. Además, si resultaran condenados deberán indemnizar al socio que resultó perjudicado por el fraude, al menos, en 774.000 euros, aunque la cuantía se concretará en la ejecución de la eventual sentencia condenatoria.

El escrito de acusación describe una compleja secuencia de operaciones mercantiles y financieras que se habría desarrollado después de la adquisición de la empresa de transportes por parte de distintas mercantiles y socios particulares. Entre ellos figuraban el principal perjudicado y uno de los acusados, quienes compartían además la titularidad de otras entidades vinculadas.

La compra de la empresa supuso un desembolso de 2.897.382,84 euros. Para financiar la operación, una de las sociedades solicitó un préstamo bancario de 1,4 millones de euros, a devolver en 120 cuotas mensuales. Según recoge la Fiscalía, las principales garantías personales fueron aportadas por el perjudicado y varios familiares suyos, quienes hipotecaron bienes valorados en más de 1,57 millones de euros. También los padres de dos de los acusados hipotecaron propiedades por más de 606.000 euros. El escrito destaca, sin embargo, que el principal acusado "no garantizó personalmente cantidad alguna".

Al tiempo, la empresa de transporte comenzó a sufrir graves problemas económicos y financieros. La Fiscalía señala que acumuló importantes deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, entidades bancarias y compañías extranjeras vinculadas a contratos de leasing de vehículos. Como consecuencia de esa situación, parte del patrimonio social quedó sujeto a embargos.

Se investiga la presunta simulación de compraventas de vehículos y la sustracción de activos para eludir pagos a acreedores y la Seguridad Social

El Ministerio Público sostiene que tres de los acusados actuaron "de común y previo acuerdo" con el objetivo de "vaciar de patrimonio" la empresa de transportes y sustraer bienes del alcance de los acreedores.

La acusación sostiene que los investigados utilizaron para ello otra sociedad mercantil, inicialmente participada en un 50% por la empresa de transportes. Esa entidad acabó pasando a manos de familiares de los acusados, que además trasladaron el domicilio social a una vivienda vinculada al entorno familiar y empresarial de los investigados. Posteriormente, se nombraron nuevos administradores relacionados con los acusados.

Vaciamiento patrimonial

La Fiscalía describe una supuesta operativa destinada a trasladar tanto los bienes como la actividad económica de la empresa original a la nueva sociedad. Según el escrito de calificación del Ministerio Público, simularon la compraventa de 88 vehículos y de un local comercial mediante pagos aplazados que "no había intención de pagar en momento alguno". Paralelamente, se habrían suscrito nuevos contratos con clientes que hasta entonces trabajaban con la empresa de transportes, dejando sin efecto los acuerdos anteriores.

La acusación detalla una operativa de desvío de contratos y fondos a una sociedad controlada por familiares y personas próximas a los investigados

El fiscal sostiene además que durante ese periodo se implantó una contabilidad opaca basada en cobros en efectivo, confusión de cuentas entre distintas entidades y utilización de cuentas personales y familiares. Asimismo, incorporaron a esa operativa cuentas pertenecientes a familiares, empresas vinculadas y sociedades relacionadas con los acusados.

Uno de los principales bloques de la investigación gira en torno a la transmisión de vehículos de la flota. Según la Fiscalía, el administrador de la empresa de transportes vendió 16 vehículos a la nueva entidad por 657.950 euros mediante pago aplazado, aunque "nunca se hizo efectivo". Parte de esos vehículos fueron revendidos posteriormente a otras compañías de transporte.

La acusación también recoge que dos empresas de transporte realizaron ingresos mediante cheques por valor de 141.000 euros en una cuenta bancaria a nombre del hijo menor de edad de uno de los acusados. Además, otra compañía ingresó 13.349,11 euros relacionados con acuerdos de transporte que la nueva entidad no podía ejecutar al "carecer de autorización administrativa suficiente".

El escrito detalla igualmente diversas operaciones financieras relacionadas con vehículos sujetos a reserva de dominio y embargos de la Seguridad Social. En algunos casos, la nueva entidad se subrogó en deudas vinculadas a operaciones de leasing por importe de 945.802,01 euros. Parte de la flota terminó siendo ejecutada por acreedores, especialmente por la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Fiscalía sostiene que los cuatro acusados vaciaron la empresa dedicada al transporte de viajeros mediante un entramado societario para desviar los fondos a una entidad familiar

La Fiscalía calcula que, de los 1,72 millones de euros correspondientes a la compraventa de vehículos entre ambas sociedades, únicamente 945.802,01 euros sirvieron realmente para cancelar deuda financiera. El resto de los activos acabó embargado, revendidos o fuera del patrimonio de la empresa original.

La investigación también pone el foco en distintos movimientos de fondos considerados "injustificados". Según el Ministerio Público, desde cuentas de las sociedades implicadas se realizaron pagos por 418.149,39 euros a favor de una empresa vinculada a uno de los acusados, además de otros ingresos a cuentas personales por importes de 34.855 euros y 9.354 euros. El fiscal añade que dos de los investigados retiraron dinero mediante cheques, constando al menos una extracción de 11.910,47 euros.

La Fiscalía admite, no obstante, que "no ha podido determinar con exactitud la cantidad total obtenida mediante la explotación de la actividad de transporte desviada desde la empresa original a la nueva sociedad o a través de acuerdos" con otras compañías.

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