Nueve narcos admiten que trajeron casi 850 kilos de cocaína a Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a penas de entre siete años y medio y seis años y cinco meses de prisión y multas millonarias a los nueve miembros de una organización criminal que se dedicó a introducir en Tenerife grandes cantidades de cocaína, al menos, cerca de 850 kilos de esta droga, como sostenía el Ministerio Público en una causa penal que ayer concluyó con una sentencia de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la representación letrada de los investigados y la Fiscalía Antidrogas.

De esta manera, los nueve imputados admitieron todos los cargos que les llevó a sentarse en el banquillo de los acusados a cambio de una reducción de las penas de privación de libertad.

La Fiscalía sostenía que los nueve investigados debían ser condenados por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de estupefacientes que causa grave daño a la salud y consideraba que tres de ellos debían ser condenados también por un delito de pertenencia a grupo criminal. Además, para otro de los investigados le imputaba un delito por daños. Respecto a las multas que pedía el fiscal inicialmente, mantuvo la cantidad reclamada.

Tras el acuerdo, el fiscal no acusó por el delito de daños a uno de los investigados y consideró que tres de ellos debían ser condenados por el delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, mientras que para el resto les imputó solo el primero de los delitos.

Los nueve imputados, que se encuentran en prisión provisional desde que fueron detenidos, firmaron el acuerdo ante el tribunal, que declaró firme la sentencia tras el compromiso de las partes de no recurrir el fallo.

La Policía halló las drogas en un piso ‘guardería’ y frustró la compra de 100 kilos más

Dos de los investigados fueron condenados a siete años y seis meses de prisión más una multa de 60 millones de euros; otros tres tendrán que cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión e igualmente tendrán que hacer frente a una multa de 60 millones de euros, mientras que los tres últimos acusados, recibieron una condena de seis años y cinco meses de prisión y una multa de 8,5 millones de euros.

«Organización perfectamente engrasada»

Según el relato de la acusación de la Fiscalía, los ya condenados operaban como una «organización perfectamente engrasada» para recibir, ocultar y colocar en el mercado negro grandes cargamentos de cocaína que llegaban desde Sudamérica. La Fiscalía les atribuye distintos papeles dentro de «una estructura criminal con funciones repartidas y una logística diseñada para mover droga».

En la cúspide del entramado se situaron dos de los procesados. Uno de ellos asumía la dirección operativa en la Isla: recibía la cocaína y la custodiarla hasta su distribución. Otro asumía el papel de enlace con los proveedores sudamericanos y coordinaba los contactos para la llegada de las remesas y su salida hacia el mercado clandestino. Un tercer acusado actuó como estrecho colaborador en la logística. La investigación policial vinculó a los principales procesados con vigilancias, desplazamientos conjuntos, reservas de hotel y viajes sufragados con «medios atribuidos al cabecilla del grupo».

La organización alquiló una vivienda para utilizar como almacén de seguridad que sirvió para guardar 844,56 kilos de cocaína, trasladados en una furgoneta escoltada con varios vehículos.

Varios de los investigados se reunieron para cerrar la compra de otros 100 kilos de cocaína, pero los investigadores frustraron sus planes al interceptar a la banda en varios coches. En uno de ellos hallaron cuatro bolsas deportivas con 100 paquetes de cocaína y una riqueza del 86,14%. En la casa, usada como guardería de droga, intervinieron cientos de tabletas de cocaína: 342,57 kilos con una pureza del 86,03%, otros 399,99 kilos con una pureza del 82,84% y, por último, dos kilos al 85,9% de pureza.

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