Una firma bajo sospecha deja en el aire la propiedad de una finca en Tenerife

Tres peritos judiciales discreparon este martes, durante un juicio por falsedad en documento privado que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sobre la valoración de la principal prueba del caso: las firmas que aparecen en el documento o contrato de compraventa de una finca y una vivienda en Llano del Moro, en el municipio tinerfeño de El Rosario, así como las contenidas en dos recibos por el pago de 85.000 euros en efectivo por esos bienes.

Los tres expertos calígrafos y grafólogos no pudieron certificar la autenticidad o falsedad de la rúbrica que se le atribuye al vendedor, quien en caso de haber enajenado sus posesiones al hoy acusado lo habría hecho poco después de habérselas legado a su hijo en un testamento ante notario.

Uno de los grafólogos afirmó que «la firma que se atribuye al difunto fue falsificada», aunque señaló que no podía certificarlo sin género de dudas, pues la analizó en la fotocopia del contrato de compraventa. La segunda perito sí tuvo acceso a los documentos en la instrucción de la causa y aseguró que la firma sí pertenecía al supuesto vendedor. La tercera experta dijo que no cotejó firmas, analizó un «cuerpo de texto del acusado», ya que alegó que esa «fue la instrucción del juzgado».

Sin herencia

La Fiscalía y la acusación particular sostienen que el investigado falseó o falsificó las firmas para hacer creer que el legítimo propietario le había vendido esas propiedades poco antes de morir, dejando al único hijo sin herencia a pesar del contenido en su testamento. Por ello, el Ministerio Público pide una pena de cuatro años de prisión por falsificación en documento privado y el pago de una multa de 7.200 euros.

Un joven acusa a un medianero de adueñarse de la vivienda y el terreno que le legó su padre

Por su parte, el abogado de la acusación particular va más allá en la calificación penal al sostener que el acusado lo sería por los delitos de robo, usurpación, falsedad y daños, por lo que interesa que se le imponga una pena de nueve años de prisión, multa y una indemnización de 30.000 euros por los daños morales causados, cantidad a la que habría que sumar los posibles desperfectos ocasionados en la propiedad desde 2022 hasta la fecha en la que se devuelva al heredero, así como por el lucro cesante de la producción de la finca cuya valoración se estima en 17.330 euros anuales, según el cálculo realizado por el perito contratado por esta parte que, además, tasó el valor real de los 2.000 metros cuadrados de la finca y los 65 metros cuadrados de la vivienda en unos 346.000 euros.

La abogada de la defensa, en cambio, rechazó todos los supuestos delictivos y pidió la libre absolución. Su cliente defiende que compró la finca con un dinero que tenía ahorrado en su casa más otra cantidad con la que le ayudó su padre. Aseguró que había sido «medianero de la finca» y era el único que se preocupaba por el propietario porque «su expareja y su hijo no iban nunca por allí, solo aparecieron cuando murió».

La exesposa del fallecido declaró que este nunca quiso vender esa propiedad por el «enorme valor sentimental que tenía para el terreno».

La fiscal sostiene que el investigado quiere simular una compraventa aportando «de forma grosera documentos con tachones, incongruencias en su estado civil y firmas de dudosa autoría, e igual de grosera es su explicación de cómo pagó la supuesta compra de las propiedades», ya que según argumentó el acusado «admite que estuvo en paro e incluso cobró una pensión por incapacidad y, sin embargo, alega que tenía 85.000 euros en su casa».

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