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Sentencia de conformidad

Año y medio de cárcel en Tenerife al intentar despojar a su exesposa del negocio familiar

El principal acusado vendió las participaciones del negocio familiar a una empleada por un valor muy inferior al real, un mes antes de la sentencia de divorcio, causando un perjuicio patrimonial a su exesposa

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Miguel Ángel Autero

Miguel Ángel Autero

Santa Cruz de Tenerife

Un año y medio de prisión, multa de 1.080 euros y una indemnización de 32.000 euros es la condena impuesta a un acusado por administración desleal en una sentencia de conformidad tras alcanzar un acuerdo entre Fiscalía, acusación particular y la defensa en una vista celebrada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El investigado reconoció los hechos denunciados por su exesposa a la que le causó un perjuicio patrimonial de más de 53.000 euros al traspasar un negocio familiar que compartían al 50% de participaciones poco antes de divorciarse a una empleada sin que la denunciante lo supiera.

La empleada también fue acusada como cooperadora necesaria y fue condenada a seis meses de prisión, multa de 720 euros y 21.000 euros de indemnización.

La sentencia, dictada in voce, recoge también que las penas de privación de libertad quedan suspendidas con el compromiso de que no delincan durante tres y dos años, respectivamente.

Separación de bienes

Este caso se originó tras la denuncia de la exmujer del principal acusado. Ambos habían constituido una sociedad mercantil al 50% cuando estaban casados, siendo el marido quien figuraba como administrador único en el registro mercantil.

El matrimonio estaba bajo un régimen de separación de bienes y, en un momento dado, el esposo vendió sus participaciones a su mujer aunque siguió ejerciendo como administrador único.

Poco después, el acusado presentó una demanda de divorcio contencioso contra su esposa y, un mes antes de conocer la sentencia, «vendió el negocio a la empleada por 2.500 euros, un valor muy inferior al valor tasado en 107.000 euros», para aparentar el cambio «ficticio» de titularidad. De hecho, siguió al frente del negocio hasta que un juzgado mercantil declaró la disolución judicial de la sociedad y entró en fase de liquidación a instancias de la exesposa, que sostenía que se le causó un perjuicio patrimonial de 53.500 euros que los acusados están ahora obligados a devolverle ahora.

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