El Supremo ratifica la condena de prisión al presidente de una comunidad de propietarios en Tenerife

El Tribunal Supremo cierra la vía judicial ordinaria para el presidente de una comunidad de propietarios de Santa Cruz de Tenerife, condenado por apropiación indebida agravada y falsedad en documentos mercantiles tras una sentencia de la Audiencia Provincial tinerfeña, que le impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión, una multa y una indemnización a los comuneros defraudados de más de 88.000 euros.

En una providencia dictada a mediados de febrero, la Sala de lo Penal del Supremo acordó no admitir el recurso de casación al entender que carecía de relevancia casacional. El acusado recurría al Supremo tras el varapalo judicial recibido por el TSJC que rechazó su primer recurso y ratificó todos los extremos de la sentencia recurrida. El Supremo ahora, ni siquiera entra en el fondo del caso y declara firme la condena.

Según el abogado Rodolfo Rodríguez Montenegro, que ha representado en esta causa a las víctimas, "se trata de la mayor cuantía de dinero en una condena por apropiación indebida que afecta a la comunidad de un edificio en Canarias".

Las pruebas

Aquella sentencia declaró probado que el 30 de junio de 2011 el ahora condenado fue designado presidente de la comunidad de propietarios de un edificio en Residencia Anaga y permaneció en el cargo hasta octubre de 2018, cuando una junta acordó finalmente su relevo. Esa continuidad le permitió ocupar una posición central dentro de la comunidad, primero como representante de los vecinos y más tarde, según la reconstrucción judicial de los hechos, como "eje de una operativa que desbordó por completo las funciones propias del cargo".

En una junta celebrada en octubre de 2014, la administradora de entonces fue cesada con el argumento de "dificultades económicas". A partir de ahí se designó a otra persona para el puesto, pero el tribunal concluye que la supuesta administradora no aceptó el cargo, no lo desempeñó y ni siquiera mantenía una relación efectiva con la comunidad. Su presencia, en otras palabras, quedó reducida al papel. La ausencia de una administración real permitió al entonces presidente controlar la gestión de los fondos, sin supervisión efectiva y con capacidad para mover el dinero que entraba en la cuenta común.

Los cheques

La herramienta esencial de esa operativa fue una cuenta corriente abierta el 5 de julio de 2013 a nombre de la comunidad en la que se ingresaban las cuotas y derramas abonadas por los propietarios, así como pagos correspondientes a inmuebles que entonces pertenecían a una entidad bancaria. Desde esa cuenta comenzó a sacar dinero de forma progresiva mediante una cadena continuada de cheques: entre mayo de 2014 y junio de 2018 libró 57 cheques por un total de 87.790,85 euros.

Los cheques se emitían a favor de una mercantil de la que él era socio y administrador único y luego los desviaba para sí. Al menos 41 de los cheques emitidos incluían, junto a la firma del propio presidente, una firma falsificada atribuida a la supuesta administradora que no había asumido ningún cargo. El ahora condenado alteró actas de juntas generales celebradas en 2014, 2016 y 2018. En octubre de ese último año fue cesado y antes de entregar la documentación al nuevo administrador, incorporó anexos con pagos que nunca comunicó a los propietarios ni figuraban en las copias de las actas que se les entregaron.

La empresa vinculada al acusado giró a la comunidad, entre mayo de 2014 y noviembre de 2017, facturas por un total de 86.621,45 euros por supuestos trabajos o servicios que "no fueron realizados ni aprobados en junta". El tribunal subraya además que no constaba actividad real de la mercantil ni trabajadores dados de alta, y que ni siquiera se habían depositado cuentas anuales entre 2015 y 2019, por lo que "aquellas facturas no respondían a prestaciones verdaderas".

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