Absuelto un hombre en Tenerife acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un hombre, acusado de un delito continuado de estafa agravada, suplantación de identidad y hurto, al considerar que no hay pruebas suficientes que permitan probar que el acusado se apropió de más de 250.000 euros del patrimonio de un empresario austríaco en los años previos a su muerte.

La acusación particular –ejercida por la hija del fallecido– solicitó en principio una pena de diez años de prisión y multa de 30 meses con una cuota diaria de 10 euros por el delito de estafa y otros 12 meses de prisión por hurto o apropiación indebida, además de devolver los más de 250.000 euros que aseguró desaparecieron del patrimonio del empresario. Pero no logró demostrar que el acusado se beneficiara ilícitamente de la víctima aprovechándose de su deterioro cognitivo.

La defensa, ejercida por los abogados Montserrat Pérez González y Guillermo de Benito Muñoz, contrarrestaron la acusación con documentos y testigos, muchos de ellos vecinos, que afirmaron que el investigado se ocupaba de realizar para el empresario diversos cometidos o gestiones y algunos declararon que no apreciaron deterioro de salud.

Para la Fiscalía no había caso y pidió el archivo de la causa mientras la defensa, la libre absolución.

El empresario se instaló en Tenerife en 1988, se dedicó al sector inmobiliario y adquirió una vivienda en la urbanización Chayofa. Durante años mantuvo una relación de amistad con el acusado, quien le ayudaba ocasionalmente con gestiones cotidianas y labores relacionadas con el mantenimiento de la vivienda.

Problemas de salud

La resolución judicial recoge que en octubre de 2017 el empresario fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria tras padecer un cuadro de desorientación. Los informes médicos indicaban la existencia de un «ictus isquémico antiguo» y la posible presencia de un «síndrome confusional asociado a un deterioro cognitivo» y al consumo crónico de alcohol. En noviembre de ese mismo año fue trasladado a Austria para continuar su atención médica y falleció en Viena el 16 de octubre de 2020.

Durante ese periodo, el investigado conservó las llaves de la vivienda del empresario, las de su vehículo y una tarjeta bancaria asociada a una cuenta con la que, según declaró, extraía dinero para el mantenimiento de la casa.

Las acusaciones de la familia

La acusación particular sostuvo que el acusado habría aprovechado la situación de vulnerabilidad del empresario para realizar numerosas retiradas de efectivo y cargos bancarios sin autorizar. Según la querella, entre 2015 y 2017 se habrían hecho movimientos por más de 200.000 euros en efectivo y pagos con tarjeta.

Señaló que el acusado suplantó la identidad del empresario para liquidar valores financieros por valor de 247.680 euros e incorporarlos a su patrimonio. También se le atribuyó el uso no autorizado del vehículo durante el tiempo que estuvo fuera de España.

En el juicio salió a colación que la hija del empresario no veía a su padre desde hacía años, tras el divorcio de sus padres. A pesar de ser la denunciante, nadie la escuchó en la vista, pues ninguna de las partes la citó como testigo.

Sí declaró su madre y exesposa del ciudadano austriaco al que calificó como «un absoluto e incomprensible tacaño» que «padecía alcoholismo, era violento y agresivo; no se fiaba de nadie y no tenía amigos» y relató que su hija quería tener contacto con él cuando enfermó pero cada vez que le llamaba por teléfono, su padre le colgaba. A pesar de ello, relató que su hija prefirió «dejar el trabajo de su vida, con posibilidad de ascender» en Reino Unido para cuidar de él, aunque no se pudo determinar ni cuándo ni dónde.

No hay pruebas

El tribunal concluye en su fallo que no se ha logrado acreditar la versión sostenida por la acusación. La sala considera que los elementos probatorios presentados permiten sostener tanto la hipótesis acusatoria como la versión de la defensa, lo que impide alcanzar la certeza necesaria para condenar.

Entre los aspectos que generaron dudas al tribunal figura la falta de pruebas claras sobre el estado cognitivo del empresario durante los años en los que supuestamente se produjeron las operaciones fraudulentas. Los informes médicos disponibles solo acreditaban un deterioro significativo a partir de octubre de 2017, sin que pueda determinarse con precisión cuál era su capacidad para gestionar su patrimonio en los años anteriores.

Asimismo, los testigos ofrecieron versiones contradictorias sobre la situación personal y económica del fallecido, así como sobre el papel que desempeñaba el acusado en su vida cotidiana.

La Sala concluye que no queda acreditado que el acusado realizara retiradas de dinero sin conocimiento o consentimiento del empresario ni que se apropiara de su vehículo o de sus inversiones financieras para beneficio propio.

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