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Desalojada la casa okupada de una anciana hospitalizada hace un año en La Laguna

Una comitiva judicial ejecuta el lanzamiento de la familia que se instaló en la vivienda en enero de 2025 mientras la propietaria permanecía ingresada en el HUC

La vivienda de la mujer hospitalizada que fue okupada durante un año por una familia en La Laguna.

La vivienda de la mujer hospitalizada que fue okupada durante un año por una familia en La Laguna. / El Día

Miguel Ángel Autero

Miguel Ángel Autero

Santa Cruz de Tenerife

La Justicia ha ejecutado el desalojo de la vivienda de una anciana hospitalizada que fue ocupada por una familia desde hacía más de un año en San Cristóbal de La Laguna. La Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Cristóbal de La Laguna ordenó el lanzamiento y una comitiva judicial acudió al inmueble para hacer efectiva la resolución con el apoyo de agentes de policía.

Tras la intervención, la familia okupa abandonó el inmueble tras entregar las llaves, que quedaron custodiadas por el Juzgado, a la espera de que la propietaria, de 87 años y que continúa ingresada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), pueda acudir a retirarlas.

El caso se destapó en enero de 2025, cuando un matrimonio y sus cinco hijos se instalaron en la casa terrera de la octogenaria, situada en la calle Arzobispo Elías Yanes, de la Ciudad de los Adelantados. La mujer acababa de ser hospitalizada y no tenía familiares cercanos. Y esa situación de fragilidad fue, según recoge la resolución judicial, la que permitió que la familia okupa accediera al inmueble sin permiso, cambiara la cerradura y contratara un sistema de seguridad con alarma.

Vecinos comprometidos

El asunto provocó indignación entre los vecinos del barrio lagunero. Mientras la familia ocupaba la casa, su legítima propietaria continuaba ingresada en el hospital, lejos de su entorno y de los recuerdos acumulados durante décadas.

La mujer hospitalizada no tenía familiares cercanos ni allegados, pero sí vecinos comprometidos y solidarios que decidieron actuar para defender sus derechos y llevaron su caso ante la justicia. La vista oral se celebró el pasado mes de julio y la titular del juzgado lagunero que instruyó la causa declaró responsable a la mujer que encabezó la ocupación de un delito leve de usurpación y le impuso una multa de tres meses con una cuota diaria de seis euros, lo que suma un total de 540 euros. Además, la sentencia ordenó el desalojo del inmueble y su restitución a la legítima propietaria.

Las llaves quedan depositadas en el juzgado hasta que la mujer pueda recogerlas

Tras esa primera resolución, la mujer condenada por usurpación decidió recurrir el fallo. No obstante, ya la propia sentencia contemplaba la devolución de la vivienda y permitía su ejecución provisional mientras se resolvía el recurso, lo que incluía el lanzamiento judicial.

Durante el procedimiento, la víctima prestó declaración mediante una videollamada desde el hospital en el que sigue ingresada a día de hoy. Desde allí explicó al juzgado que «nunca había autorizado a la familia» a instalarse en su casa, ni antes ni durante de su convalecencia en el hospital.

La mujer denunciada sostuvo, por el contrario, que mantenía una relación cercana con la anciana y que esta le habría permitido quedarse temporalmente en la vivienda tras verse involucrada en un conflicto familiar que la obligó a abandonar su propio domicilio. Según su relato en la vista oral, los problemas familiares coincidieron con el ingreso hospitalario de la propietaria de la casa terrera. Ante la jueza aseguró que visitaba desde hacía tiempo, y con frecuencia, a la anciana en su propia casa y que, en ese contexto de una «relación de cercanía y confianza», fue cuando la propietaria ofreció o autorizó a la familia a que se mudara a su vivienda.

Para respaldar su versión, la investigada presentó un vídeo que ella misma grabó con su móvil en la habitación del hospital en la que estaba ingresada la dueña de la casa. Sin embargo, la magistrada Laura Elguero Martín concluyó que «las imágenes no acreditaban ningún consentimiento». En la sentencia, la magistrada señala que el supuesto permiso se basaba únicamente en un leve sonido similar a un «sí».

La jueza consideró además que el vídeo presentado por la denunciada, lejos de constituir una prueba de descargo, evidenciaba la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la octogenaria. «Lo que ella considera como autorización -un leve sonido que se asemeja a un sí- acredita que la denunciada abusó y se aprovechó sin ningún remordimiento de la situación de vulnerabilidad» que padece la denunciante. La jueza también apuntó en el fallo a que la demandada «simuló» haber sido una de las personas que la cuidó durante su convalecencia en el hospital.

La titular de esta plaza del Tribunal de Instancia lagunero también cuestionó la credibilidad del relato de la denunciada y destacó como indicios de su intención de permanecer en el inmueble el cambio de cerraduras y la contratación de una alarma sin el consentimiento de la propietaria.

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