Escuda un fraude fiscal de 150.000 euros en Tenerife por «ignorancia» empresarial

«No soy muy bueno en empresariales, tengo estudios básicos». Con esta extraña declaración, con la que contestaba a una pregunta a la fiscal, un empresario tinerfeño acusado de un presunto delito de fraude agravado a la Seguridad Social por más de 147.000 euros, pareció que pretendía eludir su responsabilidad penal en los hechos que le atribuye la Fiscalía en un juicio cuya primera vista oral se celebró este lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Fiscalía solicita que se imponga una pena de tres años y medio de prisión, que abone la deuda contraída de 147.903,38 euros más intereses y una multa de 500.000 euros así como impedimentos legales que le impidan optar a subvenciones públicas o contratar con la Administración Pública al menos durante seis años.

Que las deudas que acumuló el investigado por impago de sus cuotas como autónomo, por las retenciones que no practicaba en las nóminas de los trabajadores que tenía en plantilla, que además las cobraban en efectivo y rara vez entregaba copias, así como otras obligaciones no satisfechas de la sociedad mercantil que administraba desde 2016 se produjeron por una suerte de circunstancias sin dolo, por «desconocimiento de la gestión empresarial».

Lo que debe

El investigado acumula deudas propias como autónomo por impago de cuotas a la Seguridad Social, deudas tributarias tanto suyas como de las entidades mercantiles que administraba, deudas con terceros como proveedores de materiales, impagos a la Seguridad Social respecto a los empleados contratados por sus empresas e impago de impuestos en relación con el volumen de facturación, que se desconoce cuáles eran pues cobraba los servicios realizados en efectivo, no publicaba las cuentas anuales en el Registro Mercantil y abonaba las nóminas en efectivo sin que los trabajadores tuvieran constancia de si la empresa cotizaba por ellos o no ya que, salvo alguna excepción cuando se la pedían los empleados, no entregaba nóminas.

El acusado, que reconoce las deudas que le atribuye la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y que están contenidas en el escrito de acusación de la Fiscalía, aseguró que ha «intentado fraccionar el pago» de las cantidades adeudadas antes de que se celebrara este juicio y explicó que contactó con gestor que le indicó que debía abonar 30.000 euros de entrada y después 2.400 euros mensuales durante cuatro años y que se «comprometía» a hacerlo aunque estuviera «asfixiado económicamente» hasta pagar la deuda.

El acusado, que no tiene antecedentes penales, sí fue investigado y dado de baja de oficio como autónomo tras incumplir reiteradamente con el pago de sus cuotas a la Seguridad Social, lo que generó una deuda de más de 20.000 euros.

El acusado admite las deudas y Fiscalía cree que abrió otra sociedad para facturar sin saldarlas

Sin embargo, esa deuda no forma parte de las cantidades que reclama la Seguridad Social desde hace una década. Para la Fiscalía, el acusado puso en marcha una estrategia empresarial destinada a eludir sistemáticamente sus obligaciones con la Seguridad Social. Tras contraer aquella deuda de 20.000 euros, que dijo que quiso saldarla fraccionándola también, pero «no pudo», el empresario dio de alta una primera empresa dedicada a la construcción de la que participaba su hermano con un 20% de la misma hasta que «se dio de baja por enfermedad».

Llegó a contar con 36 trabajadores, pero desde el inicio incurrió en impagos continuados de las cotizaciones de sus empleados. La deuda acumulada por esa sociedad ascendió, según los certificados oficiales, a casi 35.000 euros, entre principal, intereses de demora y recargos.

«Siempre había trabajo, encargaban obras a la empresa y las atendíamos los cinco o seis de la plantilla, incluso contrataba más personal si no dábamos abasto», refirió uno de los trabajadores que a día de hoy está vinculado con el hermano del acusado en otra mercantil. Este trabajador, como el resto de los que declararon este lunes, admitió que el sueldo se lo «daba en efectivo» y la mayoría de los meses «faltaba algo, pero lo pagaba días más tarde», añadió.

El acusado aseguró que «pagaba a sus empleados en metálico» porque «las aseguradoras para las que hacía muchas de las obras le pagaban así». La fiscal y la letrada de la acusación particular no parecieron sorprendidas ante la respuesta ya que sostienen que el investigado ocultaba el verdadero volumen de negocio, declarando ingresos inferiores y gastos superiores a los reales en los modelos fiscales, o directamente no los presentaba, como tampoco publicaba las cuentas anuales.

La Fiscalía sostiene que, para seguir facturando sin asumir las deudas que seguía contrayendo, el acusado constituyó una segunda empresa, también bajo su control, con idéntico objeto social y con al menos cinco empleados de la anterior, desempeñando las mismas funciones. Desde el inicio de su actividad, esta segunda empresa tampoco ingresó cantidad alguna por cuotas sociales, acumulando una deuda que alcanzó los 147.903,38 euros.

El hermano del acusado constituyó otra empresa del mismo sector, en la que el investigado colabora ahora y en la que han vuelto a coincidir trabajadores de las sociedades anteriores administradas por el acusado.

Las investigaciones no han permitido localizar bienes suficientes ni del acusado ni de las empresas implicadas que permitan hacer frente al cobro de las cantidades adeudadas.

Suscríbete para seguir leyendo