Cuatro años de prisión por patronear un cayuco de Senegal a El Hierro
La investigación se centró en un GPS y un teléfono móvil hallados en el cayuco, cuyo análisis reveló la participación activa del acusado en el viaje

El migrante atiende al intérprete que le traduce las preguntas de su abogada durante el juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. / M. Á. A.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al patrón de un cayuco a cuatro años de prisión como autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal agravado por poner en peligro la vida de más de medio centenar de migrantes que viajaron en una embarcación desde las costas de Senegal al puerto herreño de La Restinga, en abril de 2024.
Los magistrados consideran probado que durante la mañana del 28 de abril de 2024, llegó al puerto de La Restinga un cayuco tras seis días de travesía. A bordo viajaban 55 personas -54 adultos y un menor no acompañado- procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Bissau. La embarcación, de 13 metros de eslora y dos de manga, estaba destinada a la pesca de bajura y carecía de sistemas básicos de seguridad: sin luces de posición, sin bengalas, sin medios de comunicación náutica.
Entre los pasajeros viajaba el acusado que, según la Sala, actuó de común acuerdo con los organizadores del viaje desde Senegal. Estos le habrían facilitado un GPS y las coordenadas necesarias para alcanzar las costas de Canarias que le enviaron por WhatsApp a su móvil.
La clave para la acusación
La clave de la investigación estuvo en esos dos objetos hallados en el interior del cayuco el mismo día de su llegada: el GPS y el teléfono móvil, localizados cerca del timón y del motor, la zona donde habitualmente se sitúan los patrones. Los dispositivos fueron entregados inicialmente a miembros del Grupo de Expedientes de la Policía Nacional y, posteriormente, trasladados a la Ucrif. Allí se solicitó autorización judicial para el volcado de su contenido, que se realizó en septiembre de 2024 mediante una herramienta forense.
Del análisis del teléfono y del GPS, los agentes extrajeron conversaciones, vídeos y datos de navegación. En el GPS quedaron registrados los waypoints y el track de la ruta seguida; en el móvil, conversaciones y material audiovisual que, según la sentencia, permitieron concluir que "el acusado desempeñó un papel activo" tanto en la preparación del viaje como en su desarrollo, introduciendo las coordenadas para llegar a su destino.
Ruptura de la cadena de custodia
Sin embargo, la defensa ejercida por la abogada Victoria Díaz Alba centró buena parte de su estrategia en cuestionar la cadena de custodia de esos dos dispositivos. En la vista oral la letrada señaló una contradicción entre el atestado inicial -en el que no se hizo constar el hallazgo de un GPS ni teléfonos satelitales- y el informe posterior de la Ucrif que afirmaba haber localizado tales aparatos. Además, advirtió que no existió una custodia continua y documentada desde que los dispositivos fueron hallados el 28 de abril hasta su entrega formal en julio al agente responsable de la Ucrif, ni desde ese momento hasta el volcado efectivo de la información en septiembre.
A juicio de la defensa, ese lapso temporal impedía descartar que los dispositivos hubieran sido manipulados, más aún cuando el propio informe recogía que el teléfono fue encendido y que no tenía PIN ni patrón de desbloqueo.
La Sala abordó expresamente esta alegación. Recordó que "la cadena de custodia es una garantía destinada a asegurar que las evidencias analizadas son las mismas que se recogieron inicialmente, y que su eventual irregularidad no supone automáticamente la nulidad de la prueba, sino que puede afectar a su fiabilidad". El tribunal añade en la sentencia que “no basta con plantear de forma genérica una posible ruptura: es necesario concretar en qué momentos y por qué actuaciones se habría producido”.
Los agentes explicaron que los dispositivos tuvieron que ser trasladados desde El Hierro a Tenerife y que, una vez en la sede de la Ucrif, quedaron bajo custodia del funcionario responsable del grupo. La Sala señala que "no se ha acreditado una quiebra relevante que afecte a la autenticidad de las pruebas".
El móvil contenía varias fotografías en las que aparece el acusado con un chaleco salvavidas del que de uno de sus bolsillos sobresale un GPS. Se trata de un selfi hecho en la zona de popa, junto a otro hombre que llevaba el timón y que no ha podido ser localizado hasta la fecha.
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