La fiscal al entrenador acusado de abusar de la tenista tinerfeña: «Tuvo la custodia de facto de una jugadora de élite»

«Tenía un contrato en exclusiva, un documento que refleja de facto la custodia sobre una jugadora de tenis a la que entrenaba desde que tenía 11 años de edad». «Tuvo control total de todos los aspectos de su vida durante ocho años, y no solo de los deportivos, el control fue hasta tal punto que no tenía amistades, le pedía permiso para comer, para descansar, para todo; caminaba siempre detrás de su entrenador y se mostraba sumisa y obediente».

Esta fue la radiografía que hizo ayer la fiscal Inmaculada Violán en la tercera y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el que está acusado un entrenador profesional de tenis como presunto autor de un delito de abusos sexuales para el que pide una condena de 12 años de prisión y una indemnización de 50.000 euros para la víctima.

Tanto la fiscal como la letrada de la acusación particular, Carla Val, ratificaron las penas que ya solicitaban al inicio del procedimiento al sostener que se han presentado en el plenario «numerosas pruebas contra el investigado.

El abogado de la defensa, que reclama la libre absolución del entrenador, señaló todo lo contrario y centró su alegato final en las discrepancias sobre las fechas que la víctima de los presuntos abusos asegura que se habrían cometido esas agresiones. La defensa sostiene que «no se puede acusar a su cliente de hechos que en la denuncia se dice que ocurrieron en momentos y lugares concretos, cuando el investigado no estuvo con la denunciante ni en esos lugares ni en esos momentos».

Acudía a decenas de torneos al año

Para la fiscal, ese planteamiento carece de importancia fáctica en este procedimiento porque señaló que la víctima denunció a los 19 años los abusos sexuales que sufría desde los 11 por parte de su entrenador. Pero no solo es una cuestión del tiempo transcurrido entre los hechos traumáticos sufridos y la fecha en la que puso la denuncia cuando «se rebeló y explotó».

La representante del Ministerio Público abundó en el hecho de que la deportista jugaba decenas de torneos nacionales e internacionales cada año, por lo que se puede entender la dificultad para concretar con exactitud fechas y lugares donde se produjeron los abusos. Pero además, la fiscal puso el acento en las secuelas psicológicas que presenta la víctima y que han sido ratificadas por los psicólogos y psiquiatras que la han atendido tras presentar la denuncia como son los «olvidos defensivos» sobre unos hechos traumáticos o el trastorno por estrés postraumático crónico que padece desde 2021 y que, a día de hoy, sigue en tratamiento farmacológico.

Tanto la fiscal como la letrada de la acusación abundaron en la gravedad de los hechos sufridos por una deportista que desde muy pequeña apuntaba a la élite del tenis femenino. Recordaron que fue campeona de España en todas las categorías en las que jugó desde alevines y progresaba también en el plano nacional.

Pero su progresión deportiva acabó por los suelos, incapaz de coger una raqueta más hasta el día de hoy tras presentar la denuncia por abusos sexuales contra su entrenador personal. La abogada de la deportista destacó que su clienta «no tiene futuro al que mirar, solo tiene un pequeño pasado; pero no ha podido jugar más al tenis por el estrés que le provoca».

Lucro cesante

La sesión de ayer se abrió con el informe pericial de dos economisas y auditores de cuentas que señalaron que la jugadora tenía varias becas deportivas por su nivel. Así, en 2021 estaba becada con 150.000 euros anuales durante cinco años y otros 10.000 euros de la Federación.

Abandonó su carrera con 19 años y dejó de percibir una beca de 150.000 euros anuales

Los peritos reflejaron en un informe «prudente y restrictivo» sobre el lucro cesante y el daño económico emergente sufrido por la deportista en los últimos años por «una cifra que supera los 720.000 euros, contando solo con lo dejado de percibir de las becas». No obstante, añadieron que lo que ha dejado de percibir «con toda seguridad» es muy superior pues en la actualidad hay jugadoras internacionales «a las que siempre ganó en el circuito con ganancias reconocidas ahora de al menos tres millones de euros».

El entrenador rechazó los abusos a la jugadora, a la que tachó de «celosa, caprichosa y posesiva». Negó que existiera un contrato de exclusividad con ella y sí un acuerdo de reconocimiento de deuda por «la subida de cuotas» de la academia de Tenerife ya que «la familia no podía pagar».

Ese contrato implicaba que el «club recibiría hasta el 45% de los ingresos en concepto de representación o publicidad que obtuviera la deportista, quien llegó a estar entre las 25 primeras del mundo». La fiscal cuestionó el contrato que no parecía tener caducidad y, por tanto, tampoco un final a sus «supuestas deudas».

Admitió que mantuvo una relación con la madre de la menor, que era asesora fiscal del centro de Los Campitos. En 2014, la tenista fue captada por un ojeador de una fundación de Barcelona y, entrenador y jugadora, empezaron a convivir en un piso de Esplugas. El acusado dijo que cada uno tenía su habitación, pero para los miembros de la fundación «era una anomalía» que no se daba con ninguna jugadora, declararon.

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