Un guardia civil de baja, juzgado en Tenerife, se enfrenta a pena de cárcel por viajar a la Península

A la tercera fue la vencida. Este jueves se celebró en el Cuartel de Almeyda, en Santa Cruz de Tenerife, un juicio militar contra un guardia civil acusado de abandono de su destino estando de baja. En los accesos al recinto castrense ubicado junto a las Ramblas se concentró una docena de compañeros y miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) para protestar por el procedimiento y, a su vez, exigir que las diligencias judiciales de este perfil que afectan a integrantes del Instituto Armado no sean juzgadas por tribunales militares.

Tras los aplazamientos del 14 de octubre y del 5 de noviembre, hoy sí hubo juicio contra J.F.S.C., un guardia civil que durante su ciclo de alumno en prácticas en el puesto de Playa de las Américas sufrió un accidente de tráfico en 2024 [cuando se encontraba fuera de servicio] que lo llevó a estar de baja no inhabilitante: los sanitarios que lo trataron le diagnosticaron una «dorsalgia aguda y celvicalgia». El enfermo llegó a solicitar un permiso para trasladarse a la Península con el fin de seguir con la rehabilitación en casa de sus familiares [en la Isla no tenía parientes], pero la petición fue denegada por el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. A raíz de ese incumplimiento se le abrió un expediente disciplinario que siguió su curso y se agravó cuando el agente fue trasladado a una unidad de Seguridad Ciudadana de Guadalaja, en el verano de 2024.

Un exparacaidista en el Instituto Armado

Miembro de la Brigada Paracaidista durante siete años, el joven juzgado en la mañana de hoy en Almeyda [el juicio quedó visto para sentencia] acumula tres años de experiencia en un cuerpo en el que hay un viejo antecedente familiar: «Mi abuelo se formó en una de las primeras promociones de motoristas de Tráfico, pero se acabó saliendo», cuenta tras un juicio oral que se alargó durante dos horas y media y en el que J.F.S.C. se acogió a su derecho de no declarar y, a cambio, sólo respondió a las preguntas realizadas por su abogada.

"Esta situación me decepciona, pero mi intención es seguir ejerciendo de guardia civil"

J.F.S.C.

— Agente de la Guardia Civil juzgado en Almeyda

Eso sí, en su alegato o reflexión final dijo que, «a pesar de que todo esto me preocupa, mi deseo es seguir siendo un guardia civil», manifestó al juez que tendrá que fallar un caso que para Diego Madrazo, secretario de relaciones institucionales de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), es «injusto y trasnochado», añadiendo que someter a un compañero a un juicio militar por estos hechos es un «acto de injusticia» que afecta a la totalidad de los agentes destinados en Canarias porque «siempre va a haber un registro de vuelos», criticó.

Declaración de cuatro testigos

Durante la sesión que tuvo lugar en el acuartelamiento de Almeyda declararon ante el juez cuatro testigos, tres que aportó la defensa del enjuiciado [dos médicos que firmaron los partes de bajas y un compañero de piso del acusado] y el teniente comandante que se hizo cargo de la instrucción del expediente.

"Tenemos uno de los regímenes más duros y queremos unos criterios judiciales justos"

Juan Antonio Galván

— secretario de comunicación de la AUGC en Tenerife

Una de las reivindicaciones que pide AUGC es la renovación del artículo 5.1. del Código Militar Penal, modificado en 2007, de modo que sólo era aplicable para la Guardia Civil en contadas excepciones: en tiempo de conflicto armado, en una situación de emergencia o estado de sitio, o en el caso de que uno de sus miembros se encuentre en el cumplimiento de misiones de carácter militar que se les encomienden o mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas. «Lo que nosotros pedimos desde hace mucho tiempo», avanza Juan Antonio Galván, secretario de comunicación de AUGC en Tenerife, es que «la vía militar quede restringida a un proceso judicial que se de en tiempo de guerra, en caso de una emergencia nacional o durante el proceso de formación de un alumno en los centros de la Guardia Civil, no en situaciones tan injustas como esta», denuncia sobre un hecho que considera «desproporcionado». El portavoz de AUGC asegura que «nos hemos alineado al lado del compañero porque estamos convencidos de que es un abuso». Y es que lo que, según ellos, empezó siendo calificado como una falta leve se acabó transformando en un posible delito de abandono de residencia en el instante en el que finalmente fue destinado a Guadalajara. «Entendemos que somos presos de la insularidad», trasladan en un comunicado la Asociación Unificada de Guardias Civiles tras exponer este caso en concreto a los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, VOX, Sumar y Coalición Canaria) que tratan habitualmente con el Ministerio del Interior temas vinculados con la seguridad nacional. «Tenemos uno de los regímenes internos más duros que existen en cualquier cuerpo policial y queremos unos criterios judiciales justos», incide Galván antes de realizar una curiosa afirmación. «La gran mayoría de los casos que se juzgan en tribunales militares son a guardias civiles», concluye.

Enrique de Santiago, portavoz del Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso de los Diputados, fue más allá al exponer el caso en la comisión de Interior para denunciar que «hoy se está juzgando en Tenerife a un guardia civil para el que, en aplicación de la justicia militar, se piden dos penas de tres meses de reclusión por abandono del lugar de residencia», lamenta el abogado y líder del Partido Comunista desde el año 2018, antes de ironizar que «la razón, al parecer, es que, estando de baja, viajó dos veces a la Península para ver a su madre mayor y enferma...». Con estos ingredientes ya se cocina un fallo judicial que podría hacerse público a partir de la próxima semana: una pena de cárcel sobrevuela la carrera de un guardia civil de baja que abandonó Canarias para estar con su familia.

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