El Tribunal Superior de Justicia atribuye al modelo turístico la avalancha de pleitos en Canarias

Canarias volvió a encabezar la tasa de pleitos más alta del país en 2024, una tendencia que se repite desde hace seis años y que la carrera judicial atribuye a un modelo basado en el turismo. Con 212 procedimientos por cada 1.000 habitantes, prácticamente duplicó las cifras de otras comunidades autónomas con mayor peso de la industria, como La Rioja, País Vasco o Navarra, y se alejó de la media nacional de 160 asuntos. El Tribunal Superior de Justicia achaca en su memoria anual estos datos tan dispares a las diferentes actividades económicas que llevan a cabo.

En este sentido, la Sala de Gobierno alude a las teorías del economista del Banco de España y abogado Juan S. Mora-Sanguinetti, quien apuntó a la economía como principal factor determinante del incremento o descenso de la litigiosidad. En su obra La Factura de la Injusticia habla de que un modelo sustentado en el sector servicios o en la agricultura siempre será más pleitista que uno basado en la industria.

"Los ciudadanos y sus abogados poco pueden influir, al menos en el corto plazo, en que la economía de su provincia, región o país esté basada en la producción de bienes industriales, en la provisión de servicios o en la obtención de productos agrícolas. Sin embargo, curiosamente, esto sí puede influir en que litiguen más o menos", recoge este experto en uno de los escritos de los que se hace eco la memoria, que ya en ediciones anteriores hacía referencia a este fenómeno.

Las regiones con peso del sector servicios afrontan más conflictos por cierres de negocios o falta de estabilidad

El autor distingue provincias y regiones en las que el sector servicios, como el turismo y las actividades de hostelería o ventas minoristas vinculadas a él, juega un papel clave. Cita el ejemplo de Andalucía, la cuarta comunidad autónoma con mayores índices de litigiosidad, y la riqueza generada por la Costa del Sol, Sierra Nevada o el patrimonio arquitectónico de Córdoba o Granada.

Esto se contrapone a otras comunidades autónomas como el País Vasco, con mayor peso industrial. "En general, las provincias del Sur y del Oeste de España son más intensivas en servicios, mientras que las del Norte y Este tienen economías con pesos algo más acentuados del sector industrial y manufacturero", afirma Mora-Sanguinetti, sin perjuicio de algunos casos que se salen del patrón, como Barcelona.

Sujetos a imprevistos

Tras analizar los datos, concluye que una economía basada en la producción industrial es menos conflictiva que otra basada en la agricultura o en los servicios, un resultado que "se mantiene incluso tras tener en cuenta otras características de los distintos países, como su riqueza". La explicación que da el economista es que las relaciones de la agricultura y el sector servicios están más sujetas a imprevistos que la industria, que es más robusta frente a circunstancias desavenidas y pone como ejemplo el confinamiento decretado por la pandemia de la Covid-19 y la consiguiente caída de la actividad hostelera.

A esto hay que sumarle que las regiones turísticas concentran más conflictos dentro de la jurisdicción social, derivados en gran parte por la falta de estabilidad en el puesto de trabajo, así como por la apertura y cierre, con frecuencia, de los pequeños negocios.

El TSJC considera que esta explicación concuerda con el hecho de que Canarias registró en 2024 más de 15,2 millones de turistas internacionales, es decir, 1,2 millones más que el año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística, a los que habría que añadir los turistas nacionales. La estancia media estuvo en torno a los ocho días, lo que se traduce en que la población de hecho es, por lo menos, un 10% superior a la censada.

A la hora de calcular las necesidades de refuerzo no se atiende a las altas cifras de visitantes no censados

Por tanto, a la hora de calcular la carga de trabajo y las necesidades de refuerzo se atiende a un número de habitantes que no se corresponde con la realidad, ya que se dejan a un lado los procedimientos que entran por los turistas que se ven involucrados en alguna denuncia o demanda durante su estancia en las Islas.

"Este dato explica también la elevada tasa de litigiosidad, que debe convertirse en el verdadero y fiable referente para dimensionar las necesidades de la Administración de Justicia en Canarias", concluye la memoria para dar una explicación a la tasa de litigiosidad más alta de la última década. El problema afecta en especial a los órdenes civil, social y contencioso-administrativo, donde también han influido los repuntes de peticiones en materia de extranjería por la crisis migratoria.

Mora-Sanguinetti contempla otro condicionante en la litigiosidad como es el exceso de regulación. En el caso de Canarias ve que el volumen de normas ha ido aumentando a lo largo de los últimos años y advierte de que, "cuando el volumen de regulación es excesivo o proviene de muchas administraciones distintas, el coste de comprender y utilizar las normas aumenta". En este sentido, señala que el desconocimiento de la normativa o las dificultades para conocer a qué legislación hay que ajustarse en cada caso contribuye a un aumento de los asuntos que acaban en los tribunales.

Suscríbete para seguir leyendo