Farnés: «¿Alguien declararía ante todos que la han violado? Yo, no»

La fiscal jefe de Canarias, María Farnés Martínez, preguntó ayer: ¿Alguno de ustedes declararía ante todo el mundo que su marido la ha pegado, que la ha violado? Yo no lo haría». La situación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife impide cualquier tipo de intimidad y no se trata con dignidad a las víctimas de delitos. Se toma declaración en mesas que están unas junto a otras y al lado de presuntos agresores de otros casos, por ejemplo.

Farnés hizo esta pregunta en medio de la rueda de prensa convocada para anunciar la reactivación de la Plataforma Cabo Llanos, para demandar mejorar las infraestructuras judiciales en Santa Cruz de Tenerife así como para impulsar la Ciudad de la Justicia que se lleva reclamando desde hace casi tres lustros.

Casi una veintena de operadores jurídicos suscribieron ayer un manifiesto con el que retoman la actividad de la Plataforma Cabo Llanos ante la «falta de información y transparencia» de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias sobre las previsiones futuras de construcción de este complejo y el acondicionamiento del Edificio Auditorio para ser destinado a instalaciones judiciales.

Ante las «graves consecuencias» que genera este retraso en la planificación judicial anunciaron que iniciarán una ronda de entrevistas y reuniones con las autoridades y que comenzarán con la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto.

«Esto no es solo una cuestión de arquitectura. Es una cuestión de respeto. De igualdad. De compromiso con la justicia en todo el Archipiélago. Canarias no puede seguir construyendo justicia a dos velocidades. Mientras Las Palmas de Gran Canaria presume de una Ciudad de la Justicia del siglo XXI, en Santa Cruz de Tenerife seguimos atrapados en un laberinto del pasado», señala el colectivo en su manifiesto, en el que insiste en que no piden «privilegios» sino «equilibrio territorial y dignidad institucional» ya que una justicia fragmentada es «ineficiente e injusta, y la injusticia, cuando se sostiene en el tiempo, se convierte en abandono».

En esa línea comenta la Plataforma Cabo Llanos que frente a la «dignidad institucional, respeto al ciudadano y eficiencia operativa» de la Ciudad de la Justicia grancanaria en la capital tinerfeña las sedes están «dispersas y envejecidas» con «edificios improvisados, entradas escondidas y pasillos lúgubres», y profesionales y ciudadanos que tienen que «recorrer calles enteras para hacer lo que en otras islas se resuelve bajo un solo techo».

Así, señala el colectivo de operadores jurídicos que esto se evidencia «con claridad y de forma sangrante» en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los que debido a la limitación forzada de dependencias y espacios «las víctimas no cuentan con la privacidad y atención adecuada a la que legalmente tienen derecho».

Sobre ello, la fiscal jefe de Canarias señaló que las infraestructuras judiciales siempre han estado mal pero la situación será «mucho más gravosa» con la entrada en vigor de los próximos cambios legislativos. Farnés insistió en que hay mujeres que, con niños pequeños, pasan «horas en cubículos superpequeños en los que hablan con sus abogados ante todo el mundo, donde si acuden con un niño este no tiene sitio, ni tan siquiera para ir al baño», denunció.

En la rueda de prensa se comparó la situación de las infraestructuras judiciales en la provincia de Las Palmas, con una Ciudad de la Justicia que «representa dignidad institucional, respeto al ciudadano y eficiencia operativa», como manifestó la magistrada juez decana de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado. Como contrapunto, en Santa Cruz de Tenerife las sedes judiciales están dispersas y sus entradas «escondidas», agregó.

La CEOE apoya al colectivo

Igualmente, los operadores judiciales apuntan que en los Juzgados de lo Social, con un «número considerable» de juicios a lo largo del día, ciudadanos y profesionales deben «esperar en plena calle» en muchas ocasiones por no contar con espacios adecuados para la espera. De hecho, esto impide la posibilidad de que letrados y graduados sociales se entrevisten de forma reservada con sus clientes.

Por otro lado, la patronal empresarial tinerfeña (CEOE) ha emitido un comunicado al hilo de las reivindicaciones del colectivo de operadores jurídicos aglutinado por la Plataforma Cabo Llanos. Así, la patronal empresarial señala que se ha adherido a la Plataforma Cabo Llanos, con magistrados, jueces, fiscales y graduados sociales, entre otros, para pedir mejoras en las infraestructuras judiciales por el retraso en la gestión y el sobrecoste para las empresas.

La Confederación de empresarios añade que «esta situación está generando una honda preocupación, no solo en los operadores jurídicos, sino también en otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia».

Por todo ello, «ante la falta de información y de transparencia por parte de la Consejería se ha entendido conveniente proceder a la reactivación de la Plataforma Cabo Llanos en su día constituida por todos los operadores jurídicos», destaca la patronal.