Cinco migrantes afrontan 20 años de cárcel por patronear un cayuco a Tenerife con tres muertos
Defensas y Fiscalía intentaron acordar una sentencia de conformidad para reducir sus penas a cinco años, pero dos de los cinco acusados se negaron

Los cinco acusados, junto a la intérprete, en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial. / EFE

Cinco personas de origen senegalés se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como presuntos patrones de un cayuco que llegó abarloado a la Salvamar Calíope el 30 de octubre de 2023. Dentro de la barquilla yacían los cuerpos sin vida de dos ocupantes y un tercero falleció cuando era asistido por los servicios de emergencia en el mismo Puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. En aquel enorme cayuco llegaron con vida 210 personas (155 hombres, 21 mujeres y 34 menores), pero algunos de los viajeros aseguraron al bajar a tierra que en el transcurso de la travesía tuvieron que echar por la borda a cerca de una veintena de compatriotas que habían muerto durante una travesía que duró unos 11 días desde que zarparon de un puerto gambiano.
La Fiscalía mantiene que los cinco acusados fueron reconocidos por varios ocupantes del cayuco como las personas que guiaron la embarcación desde las costas africanas hasta que fueron rescatados a unos 17 kilómetros al sur de Punta Rasca. Por ello, el fiscal Ignacio Delgado solicita que cada uno de ellos sea condenado a 20 años de prisión por los siguientes delitos: un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, tres delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave.
Para los abogados defensores nada de lo esgrimido por el Ministerio Público se sostiene y mantienen que sus representados eran cinco ocupantes más de la embarcación; ni se encargaron de suministrar combustible a los motores, ni guiaron el timón, ni se hicieron cargo del GPS y ni tan siquiera dieron algún tipo de instrucción al resto de ocupantes del cayuco. Para estos letrados, los escasos cinco testimonios recogidos a pie de muelle y en el CATE no pueden sostener unas acusaciones tan graves además de que, sostienen, tampoco se halló dinero alguno en ninguna de las pertenencias que pudieran ser de su propiedad.
La dura travesía que soportaron las más de doscientas personas que viajaron en ese cayuco pudo haberles salido muchísimo más caro que los apenas 40.000 a 45.000 dalasis que pagaron a los organizadores de la expedición en el puerto de origen (entre 490 y 550 euros), pues según narraron los supervivientes estuvieron tres días sin agua ni comida hasta que fueron rescatados. Otros no lo pudieron contar y fueron lanzados por la borda al morir durante la expedición, según dijeron.
El juicio que debió comenzar a las 09:30 horas de ayer, lo hizo más de una hora y cuarenta minutos tarde. ¿La razón? Tanto los abogados de la defensa como la Fiscalía intentaron llegar a un acuerdo a través de una sentencia de conformidad. Tres de los acusados, representados por los abogados Davinia San Millán y Luis Sánchez, aceptaron el acuerdo que les permitiría completar una condena de cinco años y ya con permisos al cumplir cuatro. Sin embargo, los dos defendidos por la abogada Sara Rodríguez, se negaron a pesar de las reiteradas explicaciones que les daban los letrados -con intérprete incluida que les intentaba transmitir el beneficio del acuerdo-.
Superado este trámite, los cinco jóvenes acusados, que apenas superan la veintena de años de edad, permanecieron en la sala durante toda la mañana mientras testificaban en la sala los policías que tramitaron el expediente de filiación o participaron en los interrogatorios que se llevaron a cabo en el CATE del sur de Tenerife.
¿Solo cinco testigos?
Una de las cuestiones en las que más insistieron en preguntar todos los letrados fue por qué los policías encargados de este expediente solo contaron con el testimonio de cinco de los extranjeros que arribaron en el cayuco (cuatro mujeres y un hombre) y también por qué el expediente se llevó a cabo en tan solo unas 18 horas.
Los agentes señalaron que hablaron con aquellas personas que quisieron colaborar con ellos y que no hubiera sido fácil hacerlo con más pues muchas se encontraban en un grave estado de salud que desaconsejaba someterlos a un interrogatorio, pero aseguraron que por las fotos que les mostraron, todos reconocieron como patrones de la embarcación a los que hoy se sientan en el banquillo.
«No los vi al timón»
Una vez que concluyó el testimonio de los agentes, llegó el turno de los cinco testigos que viajaron en ese cayuco junto con los acusados, pero por las cosas de la tecnología solo se pudo escuchar a una de ellas ya que falló la conexión de videoconferencia. Fue una mujer que dijo sin titubeos, a través de otro intérprete, que «había pagado el dinero del viaje a una persona de Gambia antes de embarcar», que «se sentó en un sitio de la barquilla durante todo el viaje» y cuando se le preguntó por los acusados señaló: «Los vi cerca de los motores, pero nunca los vi llevando el timón».
Las defensas piden la nulidad por irregularidades en la investigación
La letrada Sara Rodríguez, que ejerce la defensa de dos de los acusados, presentó un recurso de nulidad de toda la causa argumentando diferentes hechos que, para ella, suponen una clara vulneración de los derechos de sus patrocinados. A dicho recurso se adhirieron el resto de abogados defensores, aunque finalmente el tribunal consideró que el juicio debía celebrarse.
Según el recurso, se habría producido una «instrucción express», llevada a cabo en apenas 26 horas sin poder agotar las diligencias necesarias, especialmente en un caso tan grave con tres fallecidos, varios heridos y 210 personas transportadas.
El segundo argumento se basa en la presunta elaboración de un atestado policial defectuoso ya que estima que la Policía no documentó todas las actuaciones y realizó una elección de testigos arbitraria omitiendo detalles clave.
Respecto a la práctica de la rueda de reconocimiento, la abogada asegura que esta no fue neutral y no cumplió los requisitos legales. Sostiene, además, que muchos de los testigos no llegaron a identificar a ninguno de ellos o dudaron.
Otro de sus fundamentos para intentar anular el procedimiento gira en torno a los informes forenses llevados a cabo «sin exploración directa». Además, de estos motivos de nulidad, el recurso recoge también la atenuante de dilaciones indebidas debido a los «19 meses de inactividad judicial tras una instrucción inicial muy rápida».
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