Alivio en la cúpula de UGT tras quedar absuelta de fraude: "Han sido 15 años de puro sufrimiento"

Los abogados de la cúpula de la Unión General de Trabajadores (UGT) Canarias, absuelta este miércoles por el presunto fraude de subvenciones por el que llevaba 15 años acusada, sienten «alivio» tras el conocimiento de la sentencia, pero aún guardan prudencia hasta que la sentencia sea firme. Aún así, subrayan que la instrucción del caso fue «errónea». 

El abogado de UGT Canarias, José Manuel Chinchilla, destacó que los asuntos de fraude de subvenciones, y especialmente las de naturaleza formativa, «tienen un aspecto subjetivo que siempre es complicado resolver». Y añadió que «estos 15 años se han vivido siempre con la preocupación de tener este asunto judicializado». Pero recalca que la sentencia es clara respecto a que «los cursos se impartieron, los trabajadores se formaron y en eso la Administración ni puso ni ha puesto ningún pero al cumplimiento de la formación». 

Chinchilla comentó que el tipo delictivo ha cambiado. «En 2008 tenía una configuración distinta a la actual, y eso la Sala lo pone de manifiesto en la sentencia». En aquel año, añade, «lo trascendente era que la finalidad de la subvención no se hubiera cumplido y que en lugar de una actividad se hubiera hecho otra distinta. Hoy en día no es así, sino que se habla de un desvío de cantidades». 

Control horario «deficiente»

El abogado de UGT Canarias reconoce que la sentencia pone de manifiesto que en los sistemas de control horario había una situación «deficiente». Chinchilla añade que un sistema por aproximación «no da mucha fiabilidad». Una medida que, echando la vista atrás, el abogado justifica argumentando que «cuando se produce todo esto es 2006-2008 y el control de los horarios era inexistente. Hoy en día nos parece normal que todo el mundo llegue a la oficina, ponga la huella y se sepa a qué hora ha entrado y salido. En el año 2008 se iba, probablemente, un poco a ojo».

La letrada Soraya Castellano, abogada de Alicia Rodríguez y Manuela Fernández -presidenta y secretaria de Fundescan- subraya que la base de todo está en el hecho de que «ninguna, en su condición de integrantes de la comisión ejecutiva de UGT, ni como integrantes del Patronato de Fundescan tuvieron la posibilidad de dar órdenes para que se justificaran los gastos indirectos de apoyo que no se habían devengados». Y añade que no se tenía que haber llegado ni siquiera a las sesiones orales por «algo tan simple» como un «vacío probatorio».  

La abogada añade que la propia sentencia incide en que había una «comisión de seguimiento» formada por tres miembros del Servicio Canario de Empleo (SCE) y tres de UGT Canarias, «y nadie dijo nada respecto de que no estuviera correcto». Para sus defendidas, «han sido 15 años de puro sufrimiento», y adelanta que cuando haya sentencia firme, Alicia y Manuela darán una rueda de prensa. Ellas eran presidenta y secretaria de Fundescan, respectivamente, «porque formaban parte de la Ejecutiva regional de UGT y estaba mandatado que fuera así».

«Se les ha señalado»

Por su parte, el abogado Marcos Martínez, indicó que la sentencia «reconoce lo que ya se sabía desde hace 15 años, que no ha habido ningún hecho delictivo» y que eso ha causado «un grave perjuicio» a los investigados. 

«No es agradable salir en la prensa ni que durante tanto tiempo se les haya imputado socialmente un delito que finalmente ha quedado acreditado que es inexistente, se les ha señalado». Martínez subrayó que «se han sentido juzgados antes de que les juzgue». Para él, la sentencia ha sido «un alivio», pero «nunca debió de haber prosperado en la fase de instrucción». 

Sobre cómo les ha afectado a sus defendidos un proceso que ha durado 15 años, recalca que «psicológicamente ha sido un desgaste».  

De sus tres representados, vocales del Patronato de Fundescan, dos de ellos quedaron absueltos el último día de la vista oral en la modificación de las conclusiones y subraya que «como vocales, su participación en el Patronato era menor, estaba muy acotada». Martínez consideró, al igual que el resto de litigantes, que la instrucción fue «errónea» y que además, «se les presumió» una participación «que nunca estuvo justificada».

Una razón más que alegan para cuestionar el procedimiento es que «se empeñaron» en crear una responsabilidad «global» en lugar de «individualizada» y que «a todo el que estuvo en un periodo concreto, por el hecho de estar, lo metieron en el mismo saco». Tras la sentencia , la intención de sus defendidos es «pasar página» tras los años «de tener esa losa encima». 

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