El TSJC mantiene la condena a seis hackers que estafaron 2,5 millones desde el sur de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha mantenido la condena de cuatro años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial tinerfeña a seis acusados de hackear desde el sur de Tenerife cuentas bancarias y hacerse con 2,5 millones de euros.

Los condenados por los delitos de estafa continuada y pertenencia a organización criminal deben devolver el dinero y pagar una multa de 3.200 euros.

En los hechos probados se refleja que los seis procesados se valieron de más de 100 personas previamente concertadas para ganar dinero a través de la realización masiva de transferencias bancarias no autorizadas.

Pese a que por conformidad, los encausados aceptaron su culpabilidad y las penas impuestas en las vista oral, con lo cual rechazaban su derecho a recurrir, finalmente alegaron que el acuerdo se tomó entre sus defensas y Fiscalía sin contar con ellos.

En el caso presente, el TSJC atisba que la indefensión efectiva de sus derechos devendría inocua, dado que por medio de la conformidad los acusados perderían la posibilidad de quedar absueltos y los responsables serían sus abogados.

También se rechaza como causa de nulidad que el fallo no hubiese sido leído en Sala, se ratifica que se dieron todas las garantías procesales y las defensas mostraron su voluntad de no recurrir.

Por todo ello la supuesta indefensión efectiva "carece de virtualidad suficiente para producir efecto alguno", al ser "marginal o de escasa relevancia, sin generar la nulidad del proceso".

La estafa tuvo lugar desde Adeje y Arona entre mayo de 2019 y la primavera de 2021 y las víctimas fue un número indeterminado de personas sobretodo españoles e italianos a cuyos fondos accedían suplantando sus identidades.

También usaban una aplicación para responder a los estafados a tiempo real con el fin de aparentar que eran los gestores.

El entramado criminal, según el TSJC, "estaba bajo dirección y dependencia de personas que hasta este momento no han podido ser determinadas pero que tenían su residencia en Italia", Eran a éstas a las que los estafadores debían transmitir las ganancias obtenidas en España. Los italianos se quedaban con el 60% del dinero, dejándoles a los encausados un 40% del botín.