Móviles y cámaras, claves en la acusación a un hombre de colocar una bomba casera en Tenerife

El movimiento del móvil del acusado y de otro que está en paradero desconocido así como las imágenes de las cámaras de vigilancia situadas en el entorno de la casa en Ifara, en Tenerife, donde se produjo la explosión de un artefacto el 23 de diciembre de 2019, son las bases sobre las que la Fiscalía sustenta la petición de condena de 13 años de cárcel.

Una grabación de 40 segundos sacada desde el edificio sobre las diez y media de la noche recogen como un hombre entra en el inmueble tapándose la cara con un paraguas y sale poco después con una capucha para subirse a un coche blanco que momentos antes había pasado también por el lugar.

Dos acusados de explotar una bomba casera se enfrentan a 13 años de cárcel en Tenerife

Durante la última jornada de este juicio en la Audiencia Provincial tinerfeña, la defensa considera que no hay pruebas sólidas sino apenas de indicios que no pueden concluir en una condena y lamenta que no se haya seguido otra línea de investigación que relacionaba lo sucedido con uno de los acusados.

Al parecer con éste último la expareja de la propietaria de la vivienda que estaba en prisión cuando ocurrieron los hechos mantenía una deuda de 12.000 euros, cantidad que coincide con el valor de los 500 gramos de cocaína intervenidos pero descartó a este último y dijo que el culpable era el actual acusado.

La exmujer también sospecha de este hombre porque una vez la llamó con amenazas, otra se presentó en su casa aunque no le abrió la puerta y una más cree que la persiguió en moto, además de ser la primera persona en la que pensó cuando oyó la explosión y leyó: "Paga".

El acusado declaró que la expareja de la víctima trabajó en su empresa pero dejó de verlo porque no cumplía con los horarios, no sabía nada de él desde 2018 cuando le pidió dinero prestado "porque lo estaban ahogando" pero se negó.

Dijo que el teléfono interceptado es de la empresa y lo utilizan muchas personas y rechazó que tuviera conocimiento de que la propietaria de la vivienda había cobrado una herencia de 180.000 euros.

Asimismo aseveró que su hermano no sabe nada de bombas, atribuye que se le acuse por no haber prestado dinero y asegura que en ningún momento exigió dinero alguno al exmarido a cambio de protección, como éste aseguró en su declaración.

El teléfono móvil del finalmente acusado es localizado esa noche en los alrededores de la vivienda a través de una antena que se encuentra a poco más de cien metros sobre las diez de la noche.

A los investigadores les llamó la atención que hablara durante esos días unas cincuenta veces con el otro acusado huido, cuando lo normal era que no pasaran de 19 llamadas al mes como máximo.

La detención se llevó a cabo el 18 de octubre de 2021 en su casa de El Toscal, barrio en el que también residía el otro acusado, por lo que dada la cercanía a Ifara la defensa cree que esa es la razón de que se detecten estas llamadas, a lo que se suma la declaración del acusado quien dijo que suele frecuentar el hotel Mencey por la noche.

Un perito de la defensa dijo que las antenas de telefonía no pueden dar una ubicación exacta, que a veces se saturan y las llamadas son derivadas a otra, lo que podría haber ocurrido al tratarse de fechas navideñas y que el radio de detección puede llegar a los dos kilómetros.

La Fiscalía se reafirma en su petición de pena de 13 años de cárcel por el supuesto delito de daños, fabricación y tenencia de explosivos, lesiones y amenazas graves mientras que la defensa se reafirma en la libre absolución y la compañía de seguros solicita que se le devuelva el dinero que abonó para arreglar los daños causados por la explosión en el edificio que ascienden a algo más de 4.100 euros.