Archivado de nuevo el ‘caso Reparos’, que investiga a políticos y técnicos

Un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna dicta el sobreseimiento provisional y archivo de la causa

Observa que no queda justificado que hubiese delito

Santiago Pérez, el denunciante del caso, durante un pleno.

Santiago Pérez, el denunciante del caso, durante un pleno. / El Día

El Día

El Día

Un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, con fecha del pasado 23 de mayo, dicta el sobreseimiento provisional y el archivo del denominado caso Reparos, al entender que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito». Se encontraban investigados el exalcalde lagunero José Alberto Díaz, cinco concejales de la época (Agustín Hernández, Aymara Calero, Mónica Martín, Atteneri Falero y Javier Abreu) y tres técnicos.

Este procedimiento, denunciado por el exedil Santiago Pérez, había tenido diferentes hitos judiciales y mediáticos durante los últimos años. Lo último que se conocía, del pasado mes de enero, es que la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife había estimado el recurso de apelación interpuesto por Pérez y reabría la causa.

Con el auto que ahora sale a la luz, el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna cierra el asunto, si bien cabía recurso. En el escrito se recoge que el procedimiento tiene su origen en una denuncia interpuesta por Santiago Pérez y que entró en el juzgado el 18 de enero de 2018. «Sostiene que la Alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna ha venido prorrogando y dando continuidad reiteradamente a contratos de servicio público extinguidos, algunos de ellos millonarios, levantando por decreto los reparos de legalidad de la Intervención General que advertían que esta práctica es contraria a la Ley de Contratos del Sector Público y a las bases y pliegos de los concurso», se indica.

Son un total de 24 contratos con empresas, «en algún caso mediante intermediación de un convenio con la Administración Pública, por un importe originario de adjucición de 45.723.133,82 euros, en tanto que las continuidades adoptadas ilegalmente han supuesto 18.134.406,2 euros para los presupuestos del Ayuntamiento». También contextualiza el auto que, «en un plazo de aproximadamente dos años (marzo de 2015 a febrero de 2017) se han dictado 48 decretos levantando otros tantos reparos de la Intervención General que han permitido a algunas empreas continuar gestionando determinados servicios municipales, una vez extinguidos los contratos hasta 36 meses por encima de lo legalmente establecido».

Más adelante, en junio de 2018, Santiago Pérez presentó una ampliación de denuncia. Se resalta en el auto que «reiteradamente ha señalado la jurispruencia que el delito de prevaricación administrativa no nace con cualquier resolución administrativa contraria a la legalidad o que se aparte de ella», para completar que «se requiere que la resolución sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia».