Turismo

Javier Valentín: "No creo que los pisos turísticos causen el problema de la vivienda"

"Los beneficios del turismo se han democratizado cada vez más y por eso hay tantas causas en los tribunales", indica el abogado experto en derecho turístico

El abogado Javier Valentín, experto en derecho turístico.

El abogado Javier Valentín, experto en derecho turístico. / ANDRÉS CRUZ

El abogado Javier Valentín se licenció en Derecho por la ULPGC en 2003 y desde entonces, ejerce la abogacía. Doctorando en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares, es especialista en derecho turístico desde hace 10 años, cuando le llamó la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav).

¿Qué abarca el derecho turístico?

Dentro del derecho turístico se incluyen las normas jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que tienen relación con la actividad turística. Por ejemplo, con el sector alojativo, los contratos que se establecen entre el turista y el hotel o el turista y el propietario de un apartamento o el titular de una vivienda vacacional. También se incluyen dentro del derecho turístico las problemáticas que surgen a los titulares de las explotaciones con las administraciones públicas. Pero también, y es muy interesante entiendo yo, entran dentro del derecho turístico otro tipo de normas como, por ejemplo, la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito del turismo, y ahora está surgiendo con bastante fuerza el tema de las relaciones que surgen con las plataformas de internet como Airbnb, Booking y demás, tanto desde el punto de vista del usuario como con el propietario. Todo ese tipo de relaciones jurídicas también entran dentro de lo que es el derecho turístico.

¿Cómo surge esa necesidad en el seno del Colegio de Abogados de sacar adelante una comisión de derecho turístico?

Nosotros entendimos que el fenómeno turístico suele analizarse desde la perspectiva económica. Siempre hablamos de los datos, de cuántos turistas vienen, cuántas plazas alojativas tenemos, cuánto se gastan los turistas en el alojamiento, cuál es la estancia media... Está muy bien, pero debe ser paralelo el estudio y la profundización de toda esa normativa que tenemos en relación con el turismo, por la importancia fundamentalmente que tiene. Por otro lado, en mi ejercicio sí veo que al final era una demanda profesional. Yo sí me encontraba en muchas ocasiones compañeros que me llamaban por ser especialista en la materia. Entonces, yo entendía que podía ser un recurso interesante en el seno del Colegio para que los compañeros que estuvieran interesados en esa materia tuvieran una formación específica y también un sitio al que dirigirse.

El día de la presentación en el Colegio de Abogados también se habló de que esta era una demanda ciudadana porque había cada vez más consultas de ciudadanía que llegaban al colegio de abogados sobre esta materia. ¿Se ha notado en los últimos tiempos un incremento de gente que se acerca a preguntar por cuestiones en materia turística?

Te puedo hablar de mi experiencia, y es cierto que cada vez se nota más. Yo lo achaco a que los beneficios del turismo afortunadamente cada vez se están democratizando más y están siendo más permeables a la sociedad, se quedan en Canarias. Al democratizarse una actividad, pues surge la necesidad del asesoramiento y los profesionales del derecho lo estamos notando.

¿Cuáles son las cuestiones que más preocupan al ciudadano que se acerca hacia un especialista en derecho turístico?

Yo destacaría dos vertientes: la del sector alojativo, fundamentalmente la del titular de la explotación, bien sea de un gran establecimiento o de una vivienda vacacional. Y, por otro lado, respecto del usuario turístico: reclamaciones del derecho cuando ha habido un problema con una plataforma en Internet. Aunque menos frecuentes, también son dignas de mención cuestiones que surgen en cuanto al contrato del transporte.

¿Es importante para Canarias que pueda tener esa capacidad transferida para regular la materia turística?

Sí, yo entiendo que es fundamental para Canarias tener sus competencias transferidas en materia de ordenación y promoción del turismo. Tenemos unas especificidades propias y tenemos que darle unas respuestas propias, que no tienen que ser las mismas que en esos territorios.

¿Cuáles son los puntos fuertes de la normativa en Canarias? ¿Y cuáles serían esas debilidades o aspectos en los que habría que profundizar según su opinión?

En cuanto a los puntos fuertes, la adaptación de la normativa a la realidad canaria, disponer de una normativa propia que responda a las necesidades propias de Canarias. Y en cuanto a las debilidades, pues creo que la normativa turística debe estar en constante revisión. El fenómeno turístico ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años, tanto desde el punto de vista de la comercialización como desde el punto de vista del usuario. Y sin embargo, parte de la normativa que ordena el turismo en Canarias es de 1995 y ha sufrido escasas reformas con posterioridad.

También es importante de esta comisión ese estudio que va a realizar de la normativa turística, su renovación y el apoyo a los legisladores.

Sí, sin lugar a dudas. Estamos diseñando una estrategia formativa para los abogados. La primera acción es un curso de experto legal en viviendas vacacionales de Canarias, porque es importante que se diseñe desde la comisión una estrategia para dar una respuesta a esa demanda de los colegiados en cuestiones formativas.

Viene a reflejar un poco cómo está la situación que la primera acción formativa sea precisamente sobre vivienda vacacional.

Sí, la normativa de viviendas vacacionales es la normativa, de las turísticas en cuanto a los alojamientos, más novedosa y por tanto es normal que sea la que más necesidad inmediata de respuesta jurídica requiera. Y sí es cierto que hay una casuística importante en el tema de la vivienda vacacional que quizás no se da en otra parte del sector alojativo, y es que las necesidades que hay en Las Palmas de Gran Canaria no son las mismas que hay en Tejeda. Entonces, es importante también que la administración local disponga de una normativa propia que organice la actividad. Tenemos una muy buena norma de alquiler vacacional que está aprobada desde el 2015, el decreto 113/2015, que nosotros desde la asociación lo recurrimos, llegó al Tribunal Supremo que lo estudió en profundidad, declaró nulos cuatro artículos pero el resto está vigente.

Como decía, incluso dentro de los propios municipios hay diferentes realidades.

De hecho, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana no serán las mismas necesidades en la zona de costa que en la zona de interior. Entonces, es bueno que teniendo una norma marco, que es el decreto de 2015, después cada ayuntamiento pueda decir en el planeamiento urbanístico cómo quiere ordenar esta actividad, igual que ordena los polígonos industriales o dónde quiere un colegio o un hospital. Lo que sí es importante, y eso lo ha dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que esa ordenación de la actividad turística debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad, objetividad y que sea la medida necesaria menos restrictiva.

En ese sentido, en Baleares se ha puesto en marcha hace poco una normativa que ya ha tenido resultados y Palma de Mallorca, una de esas ciudades muy tensionadas, ha reducido el número de vivienda vacacional. ¿Cómo ve la normativa de Baleares? ¿Se puede exportar?

La realidad de Canarias en cuanto a vivienda vacacional no es la misma que la de Madrid, Baleares o Cataluña. Nuestra ultraperiferia nos aporta muchas cosas positivas, una de ellas que nuestro destino turístico no es un destino tan cercano como el de Península o el de Baleares. A estos sitios hay muchos turistas que van en viajes cortos, de fin de semana, porque son destinos cortos. Pero Canarias, al ser un destino de medio alcance en el que para venir del centro de Europa requiere cinco horas, nadie viene aquí para pasar un fin de semana. No obstante, no cabe duda que obviamente, si una vivienda residencial se ha pasado a vivienda turística es una vivienda menos que hay en el mercado de alquiler. Pero también es un dato objetivo que solo el 3% del parque total de vivienda en Canarias se dedica a la actividad turística. No me creo que el 3% de todas las viviendas son las que están causando el problema de vivienda en Canarias. El Archipiélago es, no sé si la segunda o la tercera comunidad autónoma que en relación con su población más ha crecido. Llevamos desde la última crisis del ladrillo sin construir vivienda en el sector privado, pero es que en el público se ha venido a reactivar en los últimos años. Ello provoca una descompensación entre la oferta y la demanda.

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