La huelga de letrados colapsa los juzgados de lo Social en Canarias a seis o siete meses vista

La huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJ) ha colapsado los juzgados de lo Social en Canarias. La mayoría de los existentes (25) secunda el paro indefinido, según los convocantes. De esta forma, muchas de las cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores o con la Seguridad Social, siempre y cuando no impliquen vulneración de derechos fundamentales, no se están tramitando desde que se iniciara la protesta hace casi dos meses. Lo que se une a la importante carga que ya arrastraban a causa de la pandemia y sus consecuencias en el mercado laboral, principalmente los pleitos vinculados a los ERTE. 

Según los datos que manejan los propios letrados, se han suspendido unas 1.800 vistas en la provincia de Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la cifra es de 1.017 juicios. Esto supone la mitad del total de las causas que se han visto afectadas por el paro, que cumple ya 51 días de reivindicaciones. Estas son: adecuar el salario al incremento de sus funciones, una mejor representación del colectivo en las cuestiones que le afecten y que desaparezca del reglamento orgánico el requisito de consolidación para su profesión.

Para recuperar una relativa normalidad, estiman que podrían tardar entre seis y siete meses en volver a señalar todo aquello que se ha suspendido en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, y un tiempo imposible de determinar, porque depende de muchos factores, en Santa Cruz de Tenerife. 

Rebeca Parrado, letrada del Juzgado de lo Social 6 de Las Palmas de Gran Canaria, comenta que, además de ello, «una vez se desconvoque la huelga, se seguirán produciendo suspensiones unas semanas después». Ello se debe a que en la jurisdicción social es posible solicitar pruebas de cara al juicio hasta cinco días antes de que se celebre, por lo que la gran carga de escritos que se han acumulado hará que muchas de esas peticiones no se puedan tramitar a tiempo.

"Ritmos distintos"

«Este excedente, por los días de juicio que celebramos habitualmente, no tiene cabida fácil en la agenda de los próximos meses», apuntó, por su parte, Antonio Revert, letrado del Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En su opinión, el principal problema de toda la situación es cuándo podrán reubicar lo que se ha suspendido, teniendo en cuenta que esta jurisdicción «tiene ritmos distintos» en base a lo urgente del procedimiento que se siga. Y recalcó que en el caso de su juzgado, en el último trimestre de 2022 (último boletín estadístico que existe) se resolvieron más asuntos por el Letrado de la Administración de Justicia que por las Magistradas -juezas (porque en ese periodo, además, actuaban dos juezas, puesto que se adscribió una de refuerzo): en concreto, 160 decretos finales del LAJ (aprobando acuerdos de conciliación previa la mayoría, más otros decretos finales) frente a 144 resoluciones finales de las juezas (sus sentencias más sus autos).

Esta situación, admitieron, está causando un «grave destrozo» en lo Social, ya no solo a la ciudadanía en su conjunto, sino también al resto de operadores jurídicos. Parrado insistió en que la voluntad del colectivo es la de resolver la situación cuanto antes, pero que el Ministerio de Justicia «no ha vuelto a convocar al comité de huelga» ni ha respondido a la última de las contrapropuestas que presentó por correo electrónico. 

Situación "dramática" e "incomprensible"

El decano del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, Fermín Ojeda, lamenta que existan «casos muy flagrantes, en los que es necesaria la celebración de esos juicios para poder conceder las prestaciones que los trabajadores reclaman». En lo que respecta a su situación profesional, estos expertos en relaciones laborales, recursos humanos y economía laboral se ven sin la posibilidad de cobrar, ya que suelen percibir una remuneración en función de las vistas a las que acuden, pero también por la carga de trabajo que se presupone tendrán una vez se desconvoque el paro.

Opinión que comparte la abogada y graduada social Belén García, quien califica la situación de «dramática». «Son causas de invalidez, de despidos, personas que están muy dañadas por estos casos y en temas muy sensibles. Hay casos que se demoran más de un año en ser señalados, y si ahora se suspenden, tardarían un año más en ponerse en funcionamiento», asevera. De hecho, su opinión es que el horizonte será todavía peor que tras la crisis del covid, porque en esta ocasión no se han tomado medidas añadidas para garantizar un mejor funcionamiento. «Esta incertidumbre quizás provoque algún ERTE de fuerza mayor en despachos grandes, porque si no hay juicios, no se pueden sostener», concluyó. 

Hasta ayer, había 6.468 actuaciones, juicios y comparecencias suspendidas por la huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según los datos de los letrados. En Las Palmas, son 4.186 las diligencias sin practicar, 6.869 demandas sin incoar, 19.080 escritos sin tramitar y 6,6 millones de euros paralizados. 

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