Un hotelero herreño irá a banquillo por revelar datos médicos de la consejera de Turismo de El Hierro

La Plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia de Valverde, en El Hierro, ha dictado la apertura de juicio oral contra un conocido empresario hotelero de la isla por un presunto delito de revelación de secretos. La medida responde al escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal, tras concluirse la investigación sobre la difusión no autorizada de los datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas.

El auto judicial, firmado por el juez Antonio Mazuecos, mantiene al acusado en situación de libertad provisional, aunque le impone la obligatoriedad de prestar una fianza de 5.000 euros para responder ante posibles responsabilidades pecuniarias. Por motivos de competencia territorial, el enjuiciamiento definitivo se trasladará a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

De un pleito privado al registro del Cabildo

Los hechos delictivos se remontan al pasado mes de mayo. De acuerdo con las diligencias de la instrucción penal, el investigado obtuvo de forma legítima un informe médico que la propia consejera había aportado a un procedimiento judicial previo por una querella de injurias y calumnias entre ambos:

• Uso indebido de documentación: el acusado, en lugar de ceñir el informe de salud al ámbito estricto de su defensa judicial, optó por adjuntar el documento a una solicitud oficial en el registro general del Cabildo de El Hierro.
• Difusión de patologías: mediante este escrito formal, en el que solicitaba públicamente la dimisión de la responsable insular, el empresario dejó presuntamente al descubierto y al alcance de los empleados públicos del cabildo las patologías privadas que padece la denunciante.

El certificado digital y la dirección IP confirman la autoría

La investigación policial y judicial ha recabado pruebas técnicas determinantes que sostienen la acusación de la Fiscalía. El rastreo tecnológico confirmó de manera indiciaria que la polémica solicitud administrativa fue enviada utilizando el certificado digital del propio empresario.

Asimismo, los peritajes informáticos y las diligencias tecnológicas permitieron vincular de forma directa la dirección IP desde la que se realizó el trámite telemático con una línea telefónica contratada formalmente a nombre del investigado, lo que ha llevado al instructor a decretar que el caso cuenta con méritos y solidez suficiente para sentarlo en el banquillo de los acusados.