La Fiscalía pide 13 años de cárcel para un cuidador acusado de agredir sexualmente a una interna
El juicio se celebrará el 1 de julio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife; el Ministerio Público solicita también una indemnización de 20.000 euros para la víctima
Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife / GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo
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La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita 13 años de prisión para un cuidador de un centro de atención a personas con discapacidad al que acusa de haber agredido sexualmente en dos ocasiones a una interna. El juicio está señalado para el próximo 1 de julio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio Público considera al acusado presunto autor de dos delitos de agresión sexual y reclama además que indemnice a la víctima con 20.000 euros por los daños sufridos.
Según el escrito fiscal, la mujer era usuaria del centro en régimen de alojamiento y manutención. La Fiscalía recoge que tiene reconocida una discapacidad del 65%, además de diagnóstico de epilepsia y trastorno de la conducta. También señala que presenta una madurez muy inferior a su edad cronológica.
La Fiscalía señala la especial vulnerabilidad de la víctima
El escrito de acusación sostiene que estas circunstancias hacían a la mujer “especialmente vulnerable” ante situaciones de abuso o agresión.
La Fiscalía añade que esa situación determinaba su falta de capacidad para prestar consentimiento en relaciones sexuales. El Ministerio Público sostiene que el acusado conocía el déficit psíquico de la víctima por el trato diario que mantenía con ella en el centro.
Según la acusación, el procesado se habría aprovechado de esa circunstancia para cometer las agresiones sexuales. El escrito fiscal indica que los hechos se habrían producido en dos ocasiones.
La causa llegará ahora a juicio, donde deberán practicarse las pruebas y escucharse a las partes antes de que el tribunal dicte sentencia.
Indemnización y responsabilidad civil
Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide una indemnización de 20.000 euros para la perjudicada.
El Ministerio Público señala como responsable civil subsidiario al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), entidad dependiente del Cabildo de Tenerife. Según el escrito fiscal, la empresa para la que trabajaba el acusado tenía concertado con el IASS un convenio para atender a personas con trastornos de conducta y discapacidad intelectual.
La responsabilidad civil subsidiaria implica que, en caso de condena y si se cumplen los requisitos legales, una entidad o persona distinta del acusado puede responder económicamente de la indemnización si el responsable directo no lo hace.
La Fiscalía sostiene que, como consecuencia de los hechos investigados, la víctima desarrolló sintomatología ansiosa y problemas de baja autoestima.
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