Desarticulada una red que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas en Tenerife
La Policía Nacional identifica a 14 víctimas y detiene a 17 personas en una operación contra una organización que imponía deudas de hasta 9.000 euros a mujeres captadas en Venezuela

Policía Nacional
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres venezolanas en Madrid y Tenerife. La operación se ha saldado con 17 personas detenidas en las provincias de Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo, además de 14 víctimas identificadas y otras 12 consideradas potenciales víctimas.
De los arrestados, tres permanecen en prisión provisional. En concreto, la Policía practicó 12 detenciones en Madrid, cuatro en Santa Cruz de Tenerife y una en Toledo.
La investigación comenzó en Tenerife
La operación se inició en agosto de 2025, después de que dos testigos declararan en dependencias policiales sobre la posible existencia de mujeres venezolanas explotadas sexualmente en pisos prostíbulo de Tenerife.
A partir de esas primeras informaciones, los agentes localizaron nuevas víctimas en la Isla y en distintos municipios de Madrid. Las pesquisas permitieron reconstruir la estructura del grupo, identificar a sus responsables y conocer el sistema que utilizaban para captar, trasladar y someter a las mujeres.
En una primera fase, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. En mayo, la investigación derivó en otros dos arrestos.
Captación en Venezuela y llegada a España
Según la investigación, la red captaba a mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad económica mediante falsas promesas y les facilitaba la llegada a España bajo aparentes motivos turísticos.
Una vez en territorio nacional, las víctimas contraían deudas impuestas de entre 7.000 y 9.000 euros. Esas cantidades se convertían en el principal mecanismo de sometimiento, ya que las mujeres debían pagarlas mediante el ejercicio de la prostitución.
La organización habría contado, además, con colaboradores en Venezuela dedicados a captar nuevas víctimas. La Policía mantiene abiertas gestiones para identificar a otras personas que pudieron participar en esa fase inicial del entramado.
Pisos prostíbulo en varias provincias
La Policía sostiene que la red tenía una estructura asentada principalmente en Madrid y Tenerife, con al menos once miembros y distintos colaboradores encargados de facilitar viviendas destinadas a la explotación sexual.
Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre pisos ubicados en Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife. Estos movimientos servían para reforzar el control sobre las mujeres y aumentar los beneficios obtenidos por la organización.
En esos inmuebles, las víctimas residían y eran explotadas. Los investigados gestionaban los anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios, controlaban las cuentas bancarias y administraban el dinero obtenido.
Control, vigilancia y amenazas
La organización imponía a las mujeres estrictas condiciones de control. Según la Policía, les retiraban la documentación personal, vigilaban sus movimientos y les impedían salir solas de los pisos. También se servían de cámaras instaladas en los inmuebles para mantenerlas bajo supervisión.
Las víctimas debían estar disponibles de forma continuada y no podían rechazar clientes ni determinados servicios. Además, la red utilizaba multas arbitrarias, préstamos abusivos y nuevas deudas para prolongar la explotación.
Los investigadores también han constatado amenazas contra las mujeres y contra sus familiares en Venezuela. Uno de los elementos más graves del caso es que los presuntos integrantes de la organización se hacían pasar por miembros del Tren de Aragua, lo que reforzaba el miedo de las víctimas y dificultaba que pudieran abandonar la red.
Dinero, documentación y activos bloqueados
Durante el dispositivo policial, los agentes intervinieron 800 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles, un ordenador portátil y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.
Además, fueron bloqueados 14 activos financieros que, según la investigación, habrían sido utilizados por la organización para canalizar los beneficios procedentes de la explotación sexual.
La investigación continúa abierta para determinar la participación de otros posibles colaboradores, especialmente en las labores de captación desarrolladas desde Venezuela.
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