Prisión para un trabajador de un Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual en Canarias por agresión sexual a una usuaria

La Policía Nacional detuvo a un trabajador de un Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI), dependiente del Cabildo de Gran Canaria, por una presunta agresión sexual a una usuaria residente. El acusado ingresó en prisión provisional y se le impuso, además, una orden de alejamiento sobre la víctima.

Los hechos, que habrían ocurrido fuera del recurso, se denunciaron el 1 de mayo. Otro empleado del CADI fue testigo de la presunta agresión sexual y, de inmediato, lo puso en conocimiento de los coordinadores del centro, que dieron aviso a la Policía Nacional.

Los agentes detuvieron al autor cinco días más tarde, el 6 de mayo. El empleado acusado, que niega los hechos, cubría una sustitución desde hacía medio año en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad.

La empresa gestoria del CADI, Grupo 5, envió un comunicado urgente a las familias en el que condena la presunta agresión y especifica que no se produjo en dependencias del centro. "La seguridad, el bienestar y la protección de las personas que atendemos constituyen nuestra prioridad absoluta. Cualquier actuación que vulnere su dignidad, integridad o derechos es absolutamente incompatible con los valores que inspiran nuestro trabajo y organización", puede leerse en el comunicado.

La empresa explica que, tras tener conocimiento de la posible conducta delictiva que afectaba a la residente, informaron "desde el primer momento" a la familia y activaron los protocolos para denunciar. "Se adoptaron las medidas cautelares respecto al trabajador señalado y se le apartó de cualquier actividad vinculada a nuestros centros", añade el comunicado, que subraya la necesidad de enviar "un mensaje de tranquilidad y confianza" a las demás familias de los usuarios de los centros.