Condenado a año y medio de cárcel por vender webs de 11 euros a 25.000 euros

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un año y seis meses de prisión a un acusado de estafa y a indemnizar con 21.000 euros a tres vecinos a los que vendió por 25.000 euros dominios web cuyo valor real no superaba los once euros, con la promesa de que obtendrían importantes beneficios.

El fallo fija que el acusado deberá indemnizar a uno de los estafados con 4.000 euros, a otra con 2.000 euros y a un tercero con 15.000 euros.

La Sala da por probado que el procesado convenció a los denunciantes haciéndose pasar falsamente por ingeniero informático y aparentando una solvencia económica de la que carecía, para que suscribieran, a finales de 2018 y principios de 2019, un total de cinco contratos.

Uno de ellos fue por 4.000 euros, con el compromiso de devolver la inversión más 3.725 euros adicionales, y con este mismo denunciante suscribió otro contrato por 500 euros, que retornaría junto con 300 euros más.

En diciembre de 2018 firmó con una vecina un contrato por 2.000 euros, que debería devolver junto con 1.850 euros adicionales, y en enero de 2019 otro denunciante le entregó 4.000 euros, que recuperó junto con 3.650 euros más, lo que dio lugar posteriormente a un contrato por 15.000 euros, con el compromiso de obtener 14.000 euros de ganancias.

En realidad, los tres dominios web habían sido comprados por el acusado por 5,90 euros, 1,90 euros y 2,90 euros, sin realizar ninguna otra inversión.

Tras la presentación de la querella, el acusado restituyó 500 euros a uno de los estafados y 4.000 euros a otro, y posteriormente consignó en los juzgados 6.000 euros, aunque la Sala descarta que pueda acogerse a la atenuante de reparación del daño por la escasa entidad de las cantidades.

Tras la celebración del juicio, la Audiencia concluye que existió una dinámica común de generación de vínculos de confianza personales y exhibición de solvencia económica, ya que todos residían en la misma urbanización de La Cuesta, en el municipio de La Laguna.

El condenado también aparentó conocimientos técnicos especializados mediante la oferta de inversiones extraordinarias y rápidas, para lo que utilizó una supuesta entidad inexistente, y cuando comenzaron a reclamarle las ganancias recurrió a respuestas evasivas, intimidatorias o claramente despectivas.

Parte de la condena se basó en el argumento expuesto por el abogado de la acusación particular, José Corsino García Busto, quien sostuvo que, una vez recibidas las cantidades, el acusado las destinó a la compra de artículos personales en un corto espacio de tiempo, hasta que en sus cuentas apenas quedaron 75 euros.

Los magistrados sí apreciaron la atenuante de dilaciones indebidas, dado que las diligencias se iniciaron en abril de 2019, mientras que la vista se celebró hace algunas semanas, sin que la paralización del procedimiento pueda ser atribuida al ahora condenado.

En sus conclusiones finales, la Fiscalía mantuvo su petición de dos años y cuatro meses de prisión y la devolución de 21.000 euros, mientras que la acusación particular solicitó tres años de cárcel y la misma cantidad económica.