Condenada una falsa podóloga que ejercía en farmacias de Tenerife sin titulación ni colegiación

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de intrusismo profesional a una mujer que ejercía como podóloga en diversas farmacias de Tenerife sin poseer el título académico oficial habilitante ni estar, por tanto, colegiada en el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias.

La sentencia considera probado que la condenada realizó actos propios de la profesión podológica en distintos establecimientos de la isla, utilizando instrumental específico de podología como bisturís, micromotor e instrumental cortante y punzante, además de efectuar diagnósticos sobre patologías del pie, recomendaciones de plantillas y tratamientos a pacientes, recoge una nota del Colegio.

Entre los hechos acreditados por el juzgado figura la atención a pacientes en consultas instaladas en farmacias, donde llegó a medir el arco plantar, detectar alteraciones biomecánicas, recomendar tratamientos ortoprotésicos y tratar patologías como uñas encarnadas utilizando instrumental reservado a profesionales sanitarios titulados en podología.

Además, emitía justificantes y facturas identificando los servicios prestados como 'consulta de podología'.

Ahora, la magistrada condena a la falsa podóloga a 20 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.

La resolución judicial también recoge que la condenada era plenamente consciente de que no podía ejercer como podóloga en España, ya que había sido requerida y apercibida previamente por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias desde el año 2018 por carecer de la titulación necesaria para desarrollar esta actividad profesional.

El procedimiento judicial se inició tras la querella presentada por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias en noviembre de 2021, después de recopilar pruebas documentales, grabaciones y testimonios que permitieron acreditar el ejercicio ilegal de la profesión sanitaria.

El Colegio Oficial de Podólogos de Canarias valora esta sentencia, que aún no es firme, porque refuerza la protección de los pacientes y la seguridad sanitaria, al reconocer la gravedad del ejercicio de profesiones sanitarias sin la formación, habilitación y colegiación obligatorias.