Dos funcionarios y cuatro policías, investigados por agilizar trámites

Una operación desarrollada recientemente por unidades especiales de la Policía Nacional contra presuntas irregularidades en la tramitación de papeles a ciudadanos de origen chino en la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife se ha saldado también con la instrucción de diligencias en las que han quedado investigados dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno y cuatro policías de la escala básica destinados en el organismo de gestión de documentos a personas procedentes de terceros países.

Los trabajadores de la Administración General del Estado y del cuerpo de seguridad presuntamente están relacionados con la aceleración de gestiones a trabajadores de origen asiático para favorecer su asentamiento en la Isla y trabajar en empresas de dos compatriotas que están radicados en el Sur de Tenerife.

La investigación fue realizada por profesionales de la Unidad de Asuntos Internos llegados desde Madrid, así como integrantes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de Santa Cruz de Tenerife. La operación, que se culminó el miércoles de la pasada semana, permitió la detención de un inspector jubilado de la Policía Nacional, que durante varios años ejerció como director de la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el número 20 de la calle La Marina, en la capital tinerfeña.

Las supuestas irregularidades ocurrieron en el periodo comprendido entre 2018 y 2023

El exmando policial, identificado como E.F.B. y que tiene más de 60 años, está acusado por sus compañeros y por la Fiscalía de presuntamente recibir sobornos para agilizar los trámites de personas de origen asiático. Además, los agentes arrestaron a dos empresarios de origen chino por presuntamente pagar contraprestaciones para acelerar los trámites de regularización de empleados de su misma nacionalidad.

El mando policial arrestado está acusado, al menos, de un delito de cohecho, y el jueves de la semana pasada quedó en libertad provisional después de pasar a disposición de la autoridad judicial en la Plaza número 1 de Instrucción de Arona.

Los empresarios implicados en las presuntas irregularidades están acusados de cohecho, en su modalidad de intento de corrupción de funcionarios o autoridades públicas. Ellos también quedaron en libertad provisional a la espera de la celebración del juicio.

Las supuestas irregularidades en la gestión de expedientes ocurrieron en el periodo comprendido entre 2018 y 2023, justo en el periodo en el que el inspector jubilado E.F.B. ocupó la plaza de jefe de la Oficina de Extranjería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Existen periodos de tiempo en los que la tramitación de expedientes se retrasan por circunstancias diversas y su resolución se puede retrasar varios meses. Esa circunstancia llega a desesperar a abogados y ciudadanos extranjeros afectados.

Los empleados públicos presuntamente colaboraron con un inspector jubilado y dos empresarios orientales

Los integrantes de la UCRIF empezaron a seguir los movimientos sospechosos de algunos expedientes de ciudadanos chinos en el 2022.

En aquel momento, el inspector jubilado ahora detenido todavía se hallaba activo y estaba al frente de dicho organismo, que depende, a nivel orgánico, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Al año siguiente, E.F.B. dejó de ser director de la Oficina de Extranjería y, de forma paralela, alcanzó la jubilación. Pero los agentes responsables de la investigación continuaron su labor. Y, cuando descubrieron que podía haber uno o varios compañeros policías implicados en las supuestas irregularidades, decidieron activar a sus compañeros de la Unidad de Asuntos Internos, que actúan de incógnito y no suelen ser reconocidos por los policías bajo investigación. De esa manera, no se levantan sospechas sobre las acciones que están en marcha.

Debido a la complejidad del asunto, los policías nacionales contaron, desde el primer momento, con la coordinación de la Fiscalía Especial en materia de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife, mientras que la dirección de la operación correspondió a la Plaza número 1 de Instrucción de Arona.

Las consecuencias legales para un funcionario público en España por el delito de cohecho implican penas de prisión (desde seis meses hasta seis años o más, según la gravedad), multas económicas elevadas, inhabilitación especial para el empleo o cargo público por varios años, y la posible inhabilitación perpetua en caso de cohecho pasivo propio.

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