Dos empresarios chinos detenidos por pagar sobornos para agilizar papeles de Extranjería en Tenerife

Dos empresarios de origen chino fueron detenidos en la operación desarrollada esta semana por la Policía Nacional contra la agilización ilegal de expedientes a ciudadanos orientales para regularizar su situación en España y en la que también fue arrestado un inspector jubilado del cuerpo de seguridad por presuntamente facilitar los delitos cuando ejercía como director de la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife durante cinco años.

Los dos hombres de negocios, asentados en el Sur de Tenerife, presuntamente pagaron sobornos al exmando policial para que algunos trámites fueran resueltos en un tiempo mucho menor al del resto de los ciudadanos extranjeros que acudían a este organismo.

Por esa razón, las tres personas están acusadas de un presunto delito de cohecho, en las dos modalidades; es decir, quien corrompe y quien se deja corromper.

Relevantes en su comunidad

Los inversores asiáticos investigados están muy vinculados a la comunidad china asentada en la Isla y con cierta presencia y protagonismo a nivel socioeconómico y empresarial entre sus compatriotas.

Los hombres de negocios asiáticos presuntamente pagaron por regularizar a otros ciudadanos chinos para que trabajaran en sus establecimientos

Los citados empresarios presuntamente pagaron para agilizar la regularización de ciudadanos chinos para que trabajaran en sus establecimientos.

Asuntos Internos y UCRIF

El dispositivo, que finalizó con la detención de los tres implicados, fue desarrollado por agentes de Asuntos Internos llegados desde Madrid, así como por profesionales de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación Documental (UCRIF) de Tenerife, que se ocupan de forma habitual de los delitos relacionados con Extranjería, con la trata de seres humanos y contra los derechos de ciudadanos extranjeros.

Los integrantes de la UCRIF empezaron a seguir los movimientos sospechosos de algunos expedientes de ciudadanos chinos en el 2022, cuando el exinspector de la Policía Nacional todavía se hallaba activo y estaba al frente de la Oficina de Extranjería del Gobierno del Estado, que se encuentra en el número 20 de la calle La Marina, en el centro de la capital tinerfeña.

Un año más tarde, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, identificado como E.F.B., dejó de ser director de este organismo y, de forma paralela, alcanzó la jubilación. No obstante, la investigación continuó adelante.

Sin levantar sospechas

Hubo un momento en el que se descubrió que en las presuntas infracciones penales también aparecía un compañero del cuerpo de seguridad.

Por esa razón se decidió que debían intervenir, de forma muy discreta, miembros de la Unidad de Asuntos Internos, fundamentalmente, para no provocar sospechas.

Y más de cuatro años después de las primeras pesquisas se logró reventar la operación. El arresto de E.F.B. se produjo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, mientras que los empresarios de origen chino fueron apresados en el Sur de Tenerife el pasado miércoles.

Los tres detenidos por delito de cohecho quedaron en libertad provisional el pasado jueves

Dada la enorme complejidad de esta investigación se buscó una coordinación, desde el primer momento, con la Fiscalía Especial en materia de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife, llevando el peso de la misma la Plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Arona.

A la espera de juicio

En este órgano jurídico pasaron a disposición del juez los detenidos en el transcurso de la jornada del pasado jueves, aunque en las horas siguientes se decretó la puesta en libertad provisional con cargos de los tres, a la espera de la celebración del juicio.

El exinspector de la Policía Nacional jubilado, que ahora tiene más de 60 años de edad, lleva décadas en la provincia y, a nivel profesional, ha pasado por diferentes unidades y comisarías del cuerpo de seguridad en Tenerife, según ha trascendido.

Conocedor de la Ley

Algunos abogados especializados en Extranjería mostraron su sorpresa al conocer la detención del exdirector de la Oficina de Santa Cruz de Tenerife. Aseguran que E.F.B. participó en alguna ocasión en las jornadas sobre la mencionada materia organizadas por la Comisión Especializada del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

Un letrado define al exinspector jubilado «como un libro abierto sobre la Ley de Extranjería, que era capaz de recitarla artículo por artículo; sabía mucho», explica sobre su buena documentación en esta materia.

Al menos hasta la jornada del pasado jueves, las actuaciones judiciales sobre este asunto permanecían secretas.

Posibles penas

Las consecuencias legales para un funcionario público en España por cohecho incluyen penas de prisión (desde seis meses hasta seis años o más, según la gravedad), multas económicas elevadas, inhabilitación especial para empleo o cargo público por varios años, y la posible inhabilitación perpetua en caso de cohecho pasivo propio.