Desmantelan una red que envió de forma ilegal 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife a África

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo criminal al que se atribuye el envío irregular de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife hacia distintos países africanos. En el marco de esta actuación están siendo investigadas 32 personas y cuatro sociedades con domicilio en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La investigación arrancó al detectarse un movimiento continuado de mercancías en contenedores marítimos que salían desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a varios países africanos. El seguimiento fue realizado por agentes del Seprona y funcionarios de Vigilancia Aduanera, que observaron un flujo constante de envíos supuestamente amparados por documentación mercantil que, según la investigación, servía para encubrir la verdadera naturaleza de la carga.

Según la información oficial difundida sobre el caso, los investigados ocultaban la actividad mediante facturas falsas con el objetivo de evitar inspecciones o impedir que se frenara la exportación. De esa forma, la organización habría sacado al extranjero residuos de distinta clase, incluidos materiales catalogados como peligrosos, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente y para la salud pública.

Qué tipo de residuos salían desde Canarias

Entre los materiales exportados figuraban residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente motores y compresores extraídos de equipos frigoríficos que, según la investigación, habían sido desmontados sin la descontaminación exigida. Este punto es especialmente sensible porque esos sistemas pueden contener gases con impacto ambiental y potencialmente nocivos si se liberan a la atmósfera sin control.

A eso se sumaban piezas y repuestos de automóviles que tampoco habrían sido tratados adecuadamente antes de su salida, además de unas 38 toneladas de extintores. La red también enviaba turismos, camionetas y camiones que eran presentados como mercancía de segunda mano mediante documentación presuntamente falsa para facilitar su exportación. En total, la organización habría movido 650 toneladas de residuos peligrosos y otras 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor conjunto estimado en 800.000 euros.

Una estructura con reparto de funciones

La operación apunta a un entramado encabezado por cinco personas con funciones diferenciadas. Dos de ellas, residentes en Gran Canaria, se encargaban presuntamente de la gestión documental y logística necesaria para sacar los contenedores. Las otras tres, asentadas en Tenerife, serían quienes remitían directamente los residuos, por sí mismas o a través de terceros, además de conseguir la documentación necesaria, ya fuera legal, irregular o falsificada, según el caso investigado.

Para dar apariencia de legalidad a la mercancía, la red utilizaba además varios negocios que emitían facturas a nombre de terceros. En algunos casos, esas personas o entidades ni siquiera tendrían conocimiento de la actividad que se estaba desarrollando, siempre según la investigación. Ese uso instrumental de empresas y documentación mercantil es uno de los elementos que, a juicio de los investigadores, permitía sostener el circuito de exportación.