Los hombres y las mujeres de Mohamed Derbah ante la Audiencia Nacional

Esta semana ha empezado el juicio en la Audiencia Nacional contra la supuesta organización criminal que, dirigida por el empresario libanés Mohamed Derbah, operaba en la zona turística del Sur de Tenerife para presuntamente obligar a empresarios a contratar sus servicios de seguridad, mediante amenazas, y, de forma paralela, cometía estafas continuadas con la venta de apartamentos por el sistema de la multipropiedad y los paquetes de vacaciones.

La vista se inició este pasado jueves, más de 24 años después de que los acusados fueran detenidos en la Isla.

Así lo considera la Fiscalía, quien explica que el grupo delictivo estaba formado por diez personas en total. Y es que, junto a Mohamed, estaban presuntamente sus dos hermanos, varios colaboradores como testaferros, un padre y una hija que llevaban la trama de los engaños a turistas con la venta de inmuebles por el sistema del time-sharing; el director de una sucursal bancaria y un mando de la Guardia Civil, que hoy ya está retirado.

La familia Derbah

Mohamed Jamil Derbah. La Fiscalía de la Audiencia Nacional afirma que ostentaba la dirección de la organización criminal, pues impartía las instrucciones precisas para la ejecución de las distintas actividades delictivas. Está acusado de asociación ilícita, estafa continuada, blanqueo de capitales, delitos de amenazas y cohecho (soborno). Por tales infracciones penales, el fiscal solicita una condena de 26 años de prisión y una multa de 766.858 euros.

Hussein Jamil Derbah. Es conocido en el sur de Tenerife como Sam, hermano de Mohamed y persona de confianza de éste en las acciones para presuntamente amedrentar a comerciantes y empresarios de Playa de las Américas, a quienes la organización imponía sus servicios de seguridad privada, según el Ministerio Público. Sam también figuraba como administrador de dos sociedades. La Fiscalía le atribuye los delitos de asociación ilícita, estafa continuada y amenazas, por lo que pide para él 16 años de prisión y 3.600 euros de multa.

Hatem Jamil Derbah. El tercer procesado es hermano de los dos anteriores, y presuntamente era utilizado como testaferro en empresas de la organización, así como en la supuesta intimidación y extorsión. Participó en la creación de dos mercantiles, donde ocupaba el puesto de administrador. Está acusado de asociación ilícita, estafa continuada y amenazas. Y el Ministerio Público reclama para él las mismas penas que para Sam.

Colaboradores

Abdallah Ali Farhat. Figuraba como administrador de dos empresas y apoderado de una tercera, que presuntamente eran utilizadas por la organización para defraudar. Se le atribuyen los delitos de asociación ilícita y estafa continuada. El fiscal demanda para él cuatro años y medio de cárcel, así como 3.600 euros de multa.

Djamila Berkaine. Esta mujer libanesa ocupaba diversos cargos en varias sociedades del grupo que presuntamente eran usadas para defraudar. Además de asociación ilícita y estafa continuada, los investigadores la relacionan con el blanqueo de capitales. Por esa razón, la acusación pública pide para ella una condena de siete años y tres meses de cárcel y una multa de 539.604 euros.

Chamel Fadel Chamseddime. Esta mujer de nacionalidad francesa presuntamente actuaba como testaferro y regentaba negocios fraudulentos de la banda, como el telemarketing. Aparece como titular de cuentas bancarias que sirven para transferir al extranjero el dinero obtenido en las actividades delictivas de la banda. Se le atribuyen los delitos de asociación ilícita y estafa continuada.

La multipropiedad y los británicos

Dennis Joynson y Lisa Marie Joynson. Este hombre y su hija, de nacionalidad británica, presuntamente organizaban y dirigían la venta de productos de multipropiedad y paquetes de vacaciones. Los investigadores y la Fiscalía creen que esas actividades se usaban para defraudar, en perjuicio de los compradores de los mismos.

Pero, además, presuntamente controlaban un supuesto servicio de atención a las reclamaciones de los clientes insatisfechos, para distraerlos y confundirlos. Están procesados por asociación ilícita y estafa continuada. El Ministerio Público solicita para ellos cuatro años y seis meses de cárcel.

Trámites bancarios

José Esteban García. De nacionalidad española, era director de una sucursal bancaria y presuntamente facilitó la apertura de cuentas de la organización usadas para la comisión de las defraudaciones a través de la venta ficticia de paquetes de vacaciones, así como de productos de cash back.

Su labor presuntamente sirvió para transferir el dinero de la organización a depósitos distintos de las cuentas utilizadas para el fraude. García también ejercía como administrador único de una sociedad empleada para las supuestas actividades criminales.

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, está procesado por blanqueo de capitales, por lo que reclama una condena de dos años y nueve meses de prisión, así como una multa de 536.004,80 euros.

Revelación de secretos

José Martín Fernández. Era en aquel momento sargento de la Guardia Civil. Presuntamente, según la Fiscalía, facilitaba información sobre las investigaciones en curso abiertas contra la banda de Derbah y percibía remuneraciones económicas por ello.

El Ministerio Público lo acusa de los delitos de cohecho (ser sobornado), revelación de secretos y abandono de la obligación de perseguir delitos. El fiscal demanda para Martín Fernández dos años de prisión y el pago de una multa de 229.414 euros.

Método para engañar a turistas

La principal actividad delictiva de la citada organización, según la Fiscalía, era la venta de paquetes de vacaciones, que consiste en el uso y disfrute durante cierto tiempo, generalmente varias semanas al año, de apartamentos u hoteles en varios destinos turísticos del mundo. Además, el producto iba acompañado supuestamente de descuentos en billetes de avión o alquiler de coches, por ejemplo.

La banda actuaba mediante captadores de parejas de turistas que caminan por las calles. El gancho para atraerlos a las oficinas era darles tarjetas en las que las víctimas rascaban y ganaban un premio.

Y después entraban en acción los verdaderos vendedores del producto ficticio. Según la investigación de la operación Cedro, el precio de venta podía oscilar entre las 4.000 y las 12.500 libras esterlinas de la época.

La banda era capaz de vender a la semana entre 30 y 40 paquetes. Según la estimación del Ministerio Público, el grupo podía ingresar unos 408.000 euros (unos 68 millones de pesetas de la época).

Apartamentos inexistentes

El primer pago, que suponía entre un 10 y un 20% del total, se hacía en la citada oficina de ventas con tarjeta bancaria. El segundo se efectuaba por transferencia bancaria desde el país de origen de la víctima a cuentas de bancos en paraísos fiscales.

Pero ni existían los apartamentos ni los hoteles ofrecidos en otras partes del mundo, ni los descuentos en determinados servicios eran reales. Los únicos inmuebles disponibles por la organización estaban en Tenerife, y, desde luego, no eran suficientes para atender toda la demanda de compradores de los citados paquetes.

Si el cliente insistía en disfrutar de esas vacaciones en otros lugares, debía pagar otra cantidad de dinero extra, pues ya no le valía la primera que entregó. Y, con el paso del tiempo, le ponían tantas trabas, que terminaban por desistir en la defensa de sus derechos. Así lo expone la acusación pública.

Falta de disponibilidad

Los afectados llamaban a una supuesta central de reservas, dirigida presuntamente por Dennis y su hija, donde eran atendidos por mujeres en varios idiomas, que les decían que en ese momento no había disponibilidad en esos destinos idílicos en otras partes del planeta. Y les ofrecían otros en Tenerife y varias partes de España. Cuando las quejas se acumulaban, cambiaban los teléfonos.

Otro procedimiento delictivo era el cash back. La estafa consistía en que los perjudicados depositaban una cantidad de dinero, con la promesa de que se lo devolvían tres años después, con un interés muy superior al del mercado.

Pero cuando pasaban los 36 meses, la víctima no recibía cantidad alguna y la organización supuestamente se quedaba con todo el depósito. Los investigadores creen que así el grupo pudo apoderarse de varios millones de libras esterlinas de ciudadanos británicos.