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Investigadas 42 personas por levantar inmuebles ilegales en suelo protegido en Canarias

Los propietarios se enfrentan a hasta tres años de cárcel y deben demoler 65 construcciones detectadas, destinas a uso residencial y recreativo

Construcciones ilegales

Construcciones ilegales / El Día

Haría

La Guardia Civil investiga en Lanzarote a 42 personas por edificar en terreno protegido. Los inmuebles ilegales, levantados con fines residenciales y recreativos, ascienden a 65 y deberán ser demolidos y, sus dueños, obligados a devolver el suelo a su estado original.

La operación, capitaneada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Comandancia de Las Palmas comenzó a principios de año, tras constatar una proliferación de viviendas en zonas medioambientalmente sensibles. El dispositivo se ejecutó en dos fases: la primera, hasta mayo, conllevó la inspección de 42 edificaciones entre los municipios de Tías y Haría y concluyó con la investigación de veinte personas por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

El operativo reveló «un problema de gran magnitud» y la experiencia de los investigadores les llevó a pensar que no se limitaban a 42 las edificaciones ilegales, motivo por el que pusieron -a partir de mayo- en marcha una segunda fase, con amplias operaciones de vigilancia.

En este periodo, los agentes han localizado 23 construcciones ilegales, en los mismos municipios, e investigado a 22 personas.

Una de las construcciones ilegales

Una de las construcciones ilegales / El Día

Los presuntos autores y propietarios se enfrentan a penas de prisión, multas de doce a veinticuatro meses, así como a la demolición de las obras y la obligación de reponer los terrenos a su estado original, especifican desde la Guardia Civil, que subraya que las edificaciones con fines residenciales y recreativos en suelos protegidos «están expresamente prohibidas».

«Estas actuaciones provocan la degradación de zonas medioambientalmente sensibles, lo que pone en riesgo la biodiversidad y afecta a la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentada», explican.

Además, estas construcciones ilegales pueden causar daños irreparables al medio ambiente y dejar una huella difícilmente restaurable sobre el suelo natural. Esto conlleva la pérdida de espacios naturales, suelos agrícolas y biodiversidad, especialmente en un ecosistema tan delicado como el canario.

El Eprona de la Comandancia de Las Palmas -que se traslada periódicamente desde Gran Canaria a Lanzarote- ha contado, como en fases anteriores, con la colaboración de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y de las áreas de Urbanismo de los Ayuntamientos de Haría y Tías.

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