¿Cómo funciona la trata de personas? Las detenciones se disparan en Tenerife
La Policía Nacional detuvo en los primeros cinco meses de este año a más miembros de estas redes que en todo 2024

Intervención de un agente de la UCRIF en un prostíbulo de Canarias / El Día
Humillaciones, palizas, amenazas... Mujeres y hombres que asumen que no les queda otra opción que pasar tales sufrimientos para tener una vida mejor. Es el horror que existe detrás de las redes de trata de seres humanos.
Los esfuerzos de los cuerpos de seguridad por acabar con esas tragedias íntimas están dando buenos resultados, de tal manera que la detección de casos se ha disparado en Tenerife.
La extrema pobreza, la vulnerabilidad social, la debilidad psicológica o la necesidad de mantener a su familia son algunos de los factores clave para que exista la trata de seres humanos en sus diferentes variantes.
La más conocida y habitual es la que se realiza con fines de explotación sexual. Pero no es la única que se da en Canarias. En la trata también entra el sometimiento con fines de trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre, la mendicidad, la comisión de delitos o los matrimonios impuestos.
Solicitantes de asilo en España han sido detenidos en dos operaciones diferentes por captar a mujeres, traerlas a Tenerife, controlarlas y obligarlas a ejercer la prostitución. Supuestas personas vulnerables que explotan a otras personas vulnerables.
Agentes de la UCRIF descubren que solicitantes de asilo explotan a mujeres venezolanas
La Isla ha experimentado un aumento significativo de denuncias por estos hechos en los últimos dos años. Eso ha provocado que hasta mediados del presente año haya habido ya más detenciones de sospechosos (18 arrestos) que en todo el 2024 (17).
De origen latinoamericano
Los policías detectan un incremento de la presencia de grupos en los que tanto los investigados como las víctimas son de origen latinoamericano, sobre todo de Venezuela.
Como cualquier otro tipo de producto en el mercado, las tendencias y las modas cambian con el paso del tiempo. Las operaciones policiales revelan que, dentro del ámbito de la explotación sexual, se han reducido los grupos con mujeres captadas y obligadas a prostituirse procedentes del África subsahariana o Europa del Este.
Cambios de procedimiento
Se aprecia además un incipiente cambio de procedimiento, por el cual se pasa de la vigilancia directa de las tradicionales madames o los violentos matones, a un telecontrol que puede desarrollarse a través de mensajes de whatsapp, redes sociales o las imágenes captadas por cámaras de seguridad en las casas.
Eso implica que algunos de los cabecillas de estas tramas viven en sus países de origen y operan con algunos intermediarios en el lugar donde trabajan las perjudicadas.
Aprovecharse de compatriotas pobres
Los responsables de estos grupos tienen muy pocos escrúpulos. Y lo más chocante o llamativo para los agentes especializados en este campo es cómo ciudadanos que supuestamente se sienten perseguidos en su país se aprovechan en el Archipiélago de la difícil situación de otras personas vulnerables de su misma nacionalidad.
En dos operaciones para desmantelar estas bandas, los policías nacionales detectaron que algunos detenidos eran ciudadanos venezolanos que figuran como solicitantes de asilo; es decir, que, al menos en teoría, también son inmigrantes en situación de vulnerabilidad.
En otros casos, quienes han sido víctimas se convierten después en colaboradoras e integrantes de las propias redes que las han explotado.
Coordinación con las ong
El inspector de la Policía Nacional Jorge Bosque, jefe de la Sección de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de Santa Cruz de Tenerife, considera fundamental el trabajo conjunto entre el cuerpo de seguridad y las ong que ofrecen asistencia a las víctimas de la trata.
Estas entidades se convierten en un recurso clave para muchas de las mujeres liberadas por los agentes, por lo que estos siempre deben tener datos de los recursos que existen y de las plazas con las que cuentan.
Personal de diferentes instituciones que trabajan con personas vulnerables, incluso ciudadanos particulares, pueden brindar a los agentes información de interés para tratar de rescatar a personas afectadas por este tipo de infracción penal.
Las rutas de la inmigración
Para llegar a los diferentes destinos en España, las redes utilizan las rutas habituales de la inmigración regular o irregular. Y, como es bien sabido, en un primer momento simulan que las víctimas llegan para pasar unas vacaciones.
En todas las ocasiones, tras liberar a las personas perjudicadas de estas bandas, la Policía cuenta con el apoyo de las ong especializadas, cuyo personal acude a las comisarías y aporta a las víctimas toda la información y recursos que poseen para ayudarlas. Y es que, a veces, están «tan hundidas que requieren de un proceso de recuperación», apunta Jorge Bosque.
Detenciones en un año y medio
Durante el 2024, en Canarias fueron detenidas 24 personas por la Policía Nacional. De esa cifra, 17 arrestos fueron practicados en Tenerife en cuatro operaciones, mientras que los otros siete se llevaron a cabo en Lanzarote en una única investigación, que tuvo ramificaciones en Extremadura, con otros 11 apresados en la provincia de Badajoz.
En el último año y medio se han potenciado las investigaciones, a raíz de un aumento de las denuncias y una mayor detección de casos en Tenerife.
Seis de los 17 detenidos en esta última isla ingresaron en prisión provisional por orden de diferentes autoridades judiciales. Catorce fueron apresados por trata con fines de explotación sexual, mientras que a los otros tres se les acusó de mantener a una persona en condiciones de servidumbre en el sur de Tenerife. Y fueron liberadas 38 víctimas en total.
Jóvenes subsaharianos
Uno de los casos con mayor repercusión acabó con el ingreso preventivo en la cárcel del exjefe de la Agrupación de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Carlos Martín, en noviembre pasado.
Está acusado de trata de seres humanos con fines de servidumbre, favorecer la inmigración clandestina y delitos continuados de agresión sexual y acoso sexual. Las víctimas fueron varios jóvenes migrantes subsaharianos en situación irregular llegados en cayucos a Canarias.
Pero en lo que va del presente año, la Policía Nacional ya ha detenido a 18 personas por estas infracciones penales; es decir, más que en todo el pasado ejercicio. Catorce de esos investigados entraron en prisión provisional.
Hasta el pasado mes de mayo, la Ucrif logró liberar a 27 víctimas. En casi todos los casos (25), las afectadas sufrieron trata con fines de explotación sexual.
Cerca de la Calle del Castillo
En la operación culminada hace poco más de un mes, buena parte de la información fue aportada por dos mujeres que acudieron a denunciar un viernes de madrugada.
Ese mismo día por la noche se efectuó un registro, en el que fue apresado un individuo en uno de los pisos donde operaban, en el entorno de la céntrica calle del Castillo, en Santa Cruz de Tenerife.
Tras agilizar las gestiones para analizar documentación, realizar vigilancias y seguimientos, el domingo se arrestó a los otros tres acusados cuando ya estaban en el aeropuerto, arrastrando sus maletas, y dispuestos a sacar los billetes para viajar a Venezuela, su país de origen.
Un trabajo laborioso
Pero ese no es el procedimiento habitual de la Unidad, que requiere de varias semanas, meses o un año para buscar información y conocer los entresijos de cada grupo delictivo antes de poder desmantelarlo.
En opinión del inspector Bosque, con la liberación de una persona se evita que decenas o cientos de ellas sean captadas por la misma organización y explotadas. La pregunta siempre está ahí: «¿Cuántas víctimas estaban ya de camino?».
Una vez que en el ámbito de la explotación sexual se saca a la persona de la red de apoyo que tenía en su lugar de origen, después se la advierte de que, o cumple con lo que se le ordena, o la denuncian y puede acabar deportada.
«Usan todas las herramientas para tenerlas amedrentadas», indica Bosque. Apunta que «se las ataca en su integridad moral, se las deshumaniza, como a un objeto».
Cadenas que no son físicas
Según el jefe de la Sección de Ucrif en Tenerife, «ahora las cadenas no son físicas, son una cámara de seguridad en la casa o un chat de whatsapp, en el que, cada poco tiempo, las víctimas deben decir dónde están».
El inspector jefe David Martínez Ibort, responsable de la Ucrif en la provincia de Las Palmas, coincide con esa apreciación de su colega. Los métodos de sumisión han cambiado con el paso de los años. En las organizaciones formadas por ciudadanos subsaharianos, a las mujeres se las controlaba con la aplicación de la violencia física o los efectos del vudú (sobre ellas o sus familiares en África).
Con las ciudadanas rumanas se utiliza el denominado lover boy, un individuo que simula ser la pareja de una o dos chicas, pero que, en realidad, las amenaza con palizas si no hacen lo que se les ordena, a la vez que crean en las perjudicadas una dependencia psíquica, moral y económica, comenta dicho mando.
«Ahora empieza a detectarse el telecontrol y se las obliga a enviar a los cabecillas el dinero, pues, si no, tendrán problemas ellas o sus seres queridos», según Martínez Ibort.
Investigadores de varios países
Para ello, usan las redes sociales o la mensajería instantánea, a la hora de organizar las citas y los pagos. El delito de la trata es «transnacional», lo que complica mucho la investigación y requiere que, cada vez más, deba existir colaboración entre investigadores policiales de varios países.
¿Qué permite el telecontrol? Pues tener vigiladas y coaccionadas a más chicas sin que los integrantes de la trama tengan que exponerse tanto. Martínez Ibort coincide con Bosque en que ya no hay tanta prostitución de mujeres subsaharianas o de Europa del Este como hace diez o veinte años. Y se aprecia que el perfil que más ha crecido es el de víctimas de origen latinoamericano.
El estándar de los Derechos Humanos
Para el inspector jefe, no resulta sencillo detectar un grupo organizado de trata, «porque se requiere la cooperación de las víctimas y ellas no quieren hablar; piensan que la organización las ha ayudado a llegar a Europa y que tienen que devolver el favor». Es decir, «para ellas tampoco es delito», aclara.
En la concepción de este fenómeno hay otro pilar fundamental: el estándar de los Derechos Humanos. En Europa ese listón se halla muy alto, pero no así en los países de origen de las personas perjudicadas.
Y es que, según el jefe de Ucrif en Las Palmas, «lo que nosotros vemos como un delito y un ataque a la dignidad humana, en otras culturas se asume como algo inevitable o necesario para subsistir».
Las propias familias
Su experiencia y su formación le permiten asegurar que, a veces, son las propias familias de las chicas las que las impulsan para que acaben ejerciendo la prostitución y así ayudar con recursos económicos a sus seres queridos.
Algunas de ellas no pueden elegir con libertad y, aunque sean rescatadas de los grupos organizados, deciden seguir en la misma actividad para mantener los envíos de dinero a sus familiares.
En estos ámbitos hay otros delitos paralelos, como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales o la falsedad documental, por ejemplo.
Vías para denunciar
Las denuncias por un caso de trata de seres humanos se pueden hacer a través del teléfono 900.10.50.90, así como en el correo electrónico: trata@policía.es. Además, un consumidor de prostitución o un trabajador de una empresa también puede denunciar de forma anónima.
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