Al menos nueve detenidos en un centro de menores de Canarias por presuntos delitos de odio y lesiones

Al menos nueve trabajadores del centro de menores Emena La Fortaleza I, en Santa Brígida, gestionado por la entidad Quorum 77, han sido detenidos por la Policía Autonómica de Canarias por supuestos delitos de lesiones, odio, contra la integridad moral y amenazas. Horas después han sido puestos en libertad sin pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia sobre la infancia y la adolescencia, que investiga la causa.

El titular del juzgado, Tomás Martín, ordenó este lunes a primera hora la entrada y registro por parte de la Policía Autonómica en el recinto, que acoge a 43 menores migrantes tutelados por la administración autonómica, así como el cierre y precinto de las instalaciones, ubicadas en la carretera de Bandama. Durante la operación, agentes de cuerpo autonómico detuvieron al menos a nueve trabajadores del centro, a los que dejaron libres horas después sin comunicárselo al magistrado.

La puesta en libertad de los detenidos ha causado sorpresa en el juzgado, el único que existe en España especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia. No se ha podido tomar declaración a los empleados y, por lo tanto, decidir acerca de su situación procesal.

Esto supone un hecho insólito, ya que el procedimiento habitual de la Policía cuando tiene lugar una detención es poner a los detenidos a disposición de un juez para que les tome declaración y decida sobre su libertad o su paso a prisión preventiva. De esta forma, el juez evalúa si con los testimonios y las pruebas obtenidas conviene su puesta en libertad para no entorpecer las posibles indagaciones, máxime en un caso como este, que todavía continúa bajo secreto de sumario.

La Policía se encontró con el problema de que si les ponía a disposición judicial se generaría un vacío en el cuidado de los menores. En la operación ha participado más de una veintena de agentes del cuerpo policial dependiente del Gobierno de Canarias.

El centro acogía hasta este lunes a menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno de Canarias. El Juzgado ha librado oficio a l Consejería competente informándole del cierre, con el fin de que “procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían”.