Anticorrupción solicita 12 años de inhabilitación para Ricardo Melchior

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 12 años de inhabilitación para Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo tinerfeño y de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por prevaricación administrativa, a raíz de la presunta contratación fraudulenta de una trabajadora en el organismo portuario.

Melchior fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria el 4 de septiembre del 2015. Cuando había pasado poco más de un mes, contactó con una mujer que ya había trabajado con el hoy acusado cuando éste presidía el Cabildo para ofrecerle un puesto de trabajo.

Según el Ministerio Público, para construir este vínculo laboral, el acusado aplicó un contrato menor de prestación de servicios, previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Orden Fom/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, pero «de forma fraudulenta y con la finalidad de dar una apariencia de legalidad».

Proceso de selección

El fiscal que lleva el caso estima que el implicado actuó de manera consciente y con la finalidad de eludir los procesos de selección y los principios de mérito, capacidad, publicidad y legalidad contemplados en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La mencionada mujer comenzó a prestar sus servicios profesionales en la Autoridad Portuaria el 1 de diciembre del 2015. Desarrolló su actividad en las dependencias de dicho organismo, «como un empleado público más, con su propio despacho, teléfono, cuenta de correo electrónico y otros enseres propios de compañeros de trabajo de la citada administración».

Recuerda la Fiscalía que hizo actividades diversas, como jefa del Área de Comunicación y Redes Sociales, y otras funciones normalmente relacionadas con aspectos comunicativos de la institución.

Facturas

Cree el Ministerio Público que, por el carácter fraudulento de su contratación, dicha persona percibía su salario a través de distintas facturas, con objetos imprecisos, que realmente disfrazaban el pago a través de una nómina.

Tales facturas no eran elaboradas por ella y las cuantías se establecían de manera sospechosa, sin seguir un criterio concreto, indica el fiscal.

Para Anticorrupción, resulta significativo que recibiera una retribución en agosto del 2016, cuando estaba de vacaciones, «lo cual ponía de manifiesto la existencia de una relación laboral encubierta y un uso fraudulento del contrato menor para enmascarar la realidad del vínculo laboral», según indica el escrito, al que ha tenido acceso EL DÍA.

Dinero

La mujer presentó cuatro facturas de 1.881,72 euros entre diciembre del 2015 y marzo del 2016.

Entre abril y julio del 2016, presentó facturas por 2.365,59 euros cada una. En agosto hubo otra de 1.010 euros. Y entre septiembre del 2016 y enero del 2017 se registraron otras seis facturas por 2.935 euros cada una, indica la Fiscalía.

El 14 de febrero del 2017, supuestamente fruto de desavenencias entre Melchior y la citada empleada, la Autoridad Portuaria remitió un burofax a la mujer en el que la informaba de que prescindía de sus servicios.

La demanda

Tres meses después, la mujer interpuso una demanda ante la Jurisdicción Social de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales y, de forma subsidiaria, de despido improcedente contra la Autoridad Portuaria.

El procedimiento finalizó en septiembre del 2018 con una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que reconocía la relación laboral y, por tanto, el uso fraudulento del contrato menor para prestar servicios.

En la plantilla

De esa manera, la empleada logró pasar a formar parte de la plantilla laboral de la Autoridad Portuaria de manera indefinida y sin haber superado ningún proceso de selección.