Ocho años de cárcel para los cuatro condenados por tráfico de 3,5 toneladas de coca cerca de Canarias
Además, deben hacer frente a un pago total de 450 millones de euros

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en ‘Púnica’, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrupci / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto ocho años de cárcel y el pago de un total de 450 millones de euros a los cuatro encausados que aceptaron ser responsables de tráfico de drogas tras serles intervenidas tres toneladas y media de cocaína en una embarcación interceptada cerca de Canarias.
La actuación policial tuvo lugar en el mes de febrero de 2024 cuando los acusados se concertaron con terceros no identificados para transportar por el océano Atlántico una importante cantidad de esta sustancia con el fin de distribuirla en el ámbito de la Unión Europea (UE).
Para ello, según la sentencia, utilizaron una embarcación semirrígida, rápida, propulsada por cuatro motores fuera borda apropiada para realizar este tipo de operaciones.
El 10 de febrero de 2024 el Servicio de Vigilancia Aduanera cuando se encontraba a 450 millas al sur de Gran Canaria sobre las 17 horas avistó a la embarcación y procedieron a la detención de los cuatro encausados.
En aquel momento también se llevó a cabo la incautación del cargamento de cocaína repartido en 146 fardos con una pureza del 85% que hubiera alcanzado un valor en el mercado de casi 125 millones.
Los agentes también comprobaron que la embarcación intervenida era una motonave rápida, no comercial, sin bandera, matrícula ni señales distintivas, y que carecía de marca, modelo, número de construcción y de documentación alguna.
Este tipo de lanchas no es apta para el uso recreativo, ni empleo comercial, dado que para navegar deben ir muy cargadas por su elevada potencia ya que en otras condiciones serían inmanejables, y dado su desorbitante consumo de combustible el mantenimiento las haría inviable para otro uso.
Según la Audiencia Nacional, por esta razón, se trata de un tipo de transporte que exclusivamente se dedica a actividades ilícitas, motivo por el que no puede estar inscrita en Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, tasándose su valor en 113.000 euros.
En el acto del juicio los acusados admitieron conocer los hechos por los que se les acusa, admitieron ser responsables de los delitos que se les achaca y aceptaron las penas negociadas entre la Fiscalía y las defensas que se convierten en firmes, al aceptarse el compromiso de no recurrir.